Ahora bien, conviene de forma previa a ingresar al análisis de la problemática concreta, establecer que tanto la acción de cumplimiento, como la acción popular, se encuentran configuradas en la Constitución Política del Estado como acciones de defensa; sin embargo, sus ámbitos de protección son diferenciados por la misma Norma Suprema y el Código Procesal Constitucional; y, asimismo se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Así, por un lado, la acción popular está destinada a la tutela de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el medio ambiente -en el caso que nos ocupa-, frente a actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos o particulares, que causan su violación o amenaza; conforme los arts. 135 de la CPE y 68 del CPCo; mientras que por su parte, la acción de cumplimiento tiene como objeto garantizar la ejecución de la norma constitucional (incluido el bloque de constitucionalidad) o legal cuando la misma es incumplida por servidoras o servidores públicos u órganos del Estado, como lo determinan los arts. 134 de la CPE; y, 64 del CPCo.
En tal contexto; y, como bien afirmó la parte accionante a través de su memorial de acción popular y de los alegatos que expuso en la audiencia de consideración, el Estado en sus diferentes niveles tiene la responsabilidad y atribución de conservar el medio ambiente, las áreas protegidas y los recursos naturales -entre otros-, según los arts. 380 a 387 de la CPE, invocados por los impetrantes de tutela; de tal manera, parte de sus cuestionamientos y su petitorio se ajusta precisamente al cumplimiento de tales deberes. De lo hasta aquí señalado y del resumen de los antecedentes del presente caso, se tiene que parcialmente las lesiones alegadas, provienen indirectamente del presunto incumplimiento de normas legales y constitucionales, por la supuesta inacción de las autoridades demandadas respecto a su deber de preservar el medio ambiente; en tal contexto, la presunta inobservancia del mandato constitucional y legal que les impuso dicho deber, no puede ser analizada a través de la acción popular, pues resulta innegable que la finalidad de esta acción tutelar no es la de garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal omitida, ni velar por el cumplimiento del deber omitido (expreso, específico y estipulado en la constitución o la ley) por parte de los servidores públicos (que tengan la obligación como parte de sus atribuciones o cuente con potestad y competencia para cumplirla).