El accionante aduce la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales a la seguridad jurídica, al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, a la protección efectiva de las autoridades judiciales, al principio de legalidad; toda vez que, las autoridades demandadas, a través de las resoluciones pronunciadas a su turno, no tomaron en cuenta la normativa en vigencia en materia familiar, relativos a la inviabilidad de una demanda de pago de asistencia familiar dentro del proceso de investigación de paternidad, cuando ello no fue planteado en la demanda principal, tampoco hubo una imposición de pago de asistencia familiar anterior, añadiéndose a ello que el demandante tenía más de veinticinco años de edad, al momento de hacer éste pedido, obligación que además corre desde la citación con la demanda de investigación de paternidad, aplicando la normativa de manera retroactiva, sin pronunciarse sobre todos los agravios planteados.
De los antecedentes del proceso se colige que dentro de proceso de investigación de paternidad seguido por Javier Apaza Llalli, en contra de Eliseo Apaza Berrios, fue pronunciada la Sentencia declarando probada la demanda del actor, contando dicha Resolución con calidad de cosa juzgada, por cuanto no obstante haber sido impugnada en apelación y a su vez en casación, ésta se mantuvo firme; ahora bien, en el referido proceso la Jueza a cargo, tramitó también la asistencia familiar en favor del beneficiario (Javier Apaza Llalli hijo de Eliseo Apaza Berrios), fijando un monto por éste concepto de Bs500.- entre otros, ello a través del Auto Definitivo 44/17, conforme se tiene descrito en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional, Resolución que fue impugnada en alzada por el ahora accionante y resuelta por Auto de Vista 369, confirmando el Auto Definitivo citado, de acuerdo a lo establecido en el acápite de la Conclusión II.3 de la presente Resolución constitucional, resoluciones que ahora se cuestionan a través de la presente acción tutelar, a cuyo efecto corresponde examinar únicamente la Resolución pronunciada en alzada por los Vocales demandados, y si ésta responde a los agravios formulados en el recurso de apelación por el entonces recurrente y demandado en el proceso de origen.
En ese contexto y entrando al análisis de fondo de la problemática planteada, tomando en cuenta que la Resolución cuestionada a través de la presente acción de defensa es el Auto de Vista 369, corresponde circunscribir el análisis, tanto al memorial de recurso de apelación deducido por el ahora accionante en el proceso de asistencia familiar, como al contenido del referido Auto de Vista pronunciado por los Vocales codemandados, a cuyo efecto, identificamos los siguientes agravios:
1) Primer agravio identificado en el memorial de recurso apelación, referido a que el demandante interpuso la demanda de cancelación de asistencia familiar dentro del mismo proceso de investigación de paternidad, la que debió interponerse de forma separada y antes de que el demandado cumpliera los veinticinco años de edad.
2) Segundo agravio el trámite de asistencia familiar debió iniciarse antes de que el demandante cumpliera veinticinco años, en cambio el mismo fue iniciado después de que éste cumpliera esa edad.
3) Tercer agravio, la demanda de investigación de paternidad terminó con la resolución del Tribunal Supremo de Justicia de 1 de marzo de 2016, iniciándose la demanda de asistencia familiar con la que fue notificado el 16 de enero de 2017, cuando el demandante ya tenía veinticinco años de edad.
4) Cuarto agravio, señala que no existe una asistencia familiar fijada, no existe una suma determinada por este concepto.
5) Quinto agravio, sostiene que el Auto Supremo 261 de 17 de agosto de 2012 citado por la Juez a quo, responde a hechos diferentes al suyo.
Seguidamente corresponde considerar el Auto de Vista 369, que resuelve el recurso de alzada incoado por el demandado, ahora accionante en el proceso de origen, de cuyo contenido se colige lo siguiente:
a) El CONSIDERANDO I de auto de vista, se encuentra subdividido en tres numerales, a saber: el I.1, hace referencia a que el órgano de alzada debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación; el punto I.2, realiza una definición de la filiación; el punto I.3, se refiere a los principios que rigen la determinación de la filiación, desarrollando el principio de la verdad biológica. De igual forma en este mismo punto se hace referencia al instituto de la asistencia familiar y a la normativa que lo rige, señalando igualmente que el demandado Eliseo Apaza Berrios no puede alegar no pasar una asistencia familiar retroactiva a su hijo Javier Apaza Llalli tal como la Juez a quo fijo en el Auto Definitivo 44/17 de 27 de marzo de 2017.
b) De igual forma señalan que conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Convención América sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, el Código de Las Familias y del Proceso Familiar; y, la jurisprudencia constitucional, priorizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, aspecto sobre el cual la Juez se pronunció expresamente, al establecer que la asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad y podrá extenderse hasta que el beneficio cumpla los 25 años a fin de procurar su formación técnica o profesional el aprendizaje de un arte u oficio.
c) En el CONSIDERANDO II, se refieren a la imprescriptibilidad de la obligación de la asistencia familiar y su irrenunciabilidad, citando al efecto jurisprudencia constitucional en este sentido.
d) En el punto II.1, señalan que la cancelación de asistencia familiar dentro del proceso de investigación de paternidad, fue realizado por la Juez de la causa, porque el demandante Javier Apaza Llalli manifiesta ser estudiante de la UDABOL, institución a la que adeuda una suma de dinero por los estudios realizados, asegurando así el interés superior de éste y al que el padre está obligado a cumplir con la asistencia familiar hasta los veinticinco años.
De la contrastación del recurso de alzada así como de la Resolución que resuelve el recurso de apelación, se puede advertir que los Vocales demandados, han omitido consignar entre los argumentos que hacen a la decisión de confirmar la Resolución impugnada, algunos elementos reclamados por el recurrente ahora accionante, entre ellos: i) Fundamentar y motivar, lo referido al -por qué es viable tramitar una demanda de asistencia familiar dentro del proceso de investigación de paternidad- institutos que no son excluyentes entre sí, sino por el contrario, resultan ser complementarios; toda vez que, uno de los fines de establecer la filiación a través de este tipo de procesos, puede devenir en generar derechos y obligaciones entre las partes, más aun si el proceso de origen se inició cuando el beneficiario no había cumplido los veinticinco años de edad; ii) Por otra parte, los Vocales también deberán ampliar sus argumentos, en relación al hecho de porqué el demandante, hijo del accionante podía pedir la asistencia familiar en su favor, aun cuando había cumplido los veinticinco años de edad, ello en razón a que, el hecho de que el proceso de investigación de paternidad, se hubiera prolongado por varios años, hasta contar con una sentencia con valor de cosa juzgada, no fue atribuible a su persona, sino al obligado.
De la misma forma, los Vocales codemandados deberán incluir en sus fundamentos, iii) Las razones por las que aprobaron, que la Juez a quo hubieran fijado el monto de la asistencia familiar, tal cual lo hizo, aun cuando el demandante y beneficiario ya cumplió los veinticinco años de edad; iv) Explicar si la cita del Auto Supremo 261/2012, efectuada por la Jueza de primera instancia, para sustentar que la demanda de asistencia familiar fuera tramitada dentro del proceso de investigación de paternidad, es adecuada y por qué, el que si bien no responde a hechos similares, en cambio estipula que no resulta arbitrario ni ilegal sustanciar dentro de dicho proceso el de asistencia familiar, sino por el contrario lo uno deriva de lo otro como lógica consecuencia; aspectos éstos que no han sido claramente explicados a cabalidad por las autoridades demandadas a tiempo de resolver la apelación deducida, incurriendo así en la infracción de los derechos del accionante al debido proceso en su componentes fundamentación y motivación así como el principio de congruencia, relacionados con los demás derechos invocados por el impetrante de tutela, por cuanto al confirmar el Auto Definitivo 44/17, mediante el Auto de Vista 369, incurrieron en la vulneración de los derechos invocados por el accionante; toda vez que, la Resolución cuestionada no contiene la fundamentación y motivación necesarios.