Con la finalidad de resolver las problemáticas expuestas en la presente acción de defensa, se procederá a analizarlas de forma independiente:
Sobre la aprobación de la planilla de asistencia familiar y el rechazo del recurso de reposición, sin que la autoridad demandada, se hubiere pronunciado sobre el controvertido monto adeudado y la forma de pago, teniendo como efecto, la ilegal emisión del mandamiento de apremio en su contra:
De acuerdo a lo alegado por el solicitante de tutela, en confrontación con los datos que cursan en el expediente, se advierte que una vez que la autoridad demandada tomó conocimiento de la planilla de asistencia familiar presentada por Mary Luz Gutiérrez Santos el 27 de agosto de 2018, ordenó su traslado al demandado, actual accionante, quien fue notificado el 30 del mismo mes y año (Conclusión II.1), presentando observación al monto devengado a través de escrito de 4 de septiembre de 2018 (Conclusión II.2), la que a su vez fue respondida por la contraparte el 12 de septiembre de 2018, quien se ratificó en la liquidación (Conclusión II.4).
Mediante Auto de 13 de septiembre de 2018, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz, demandado, aprobó la liquidación de asistencia familiar, determinando intimar al actual impetrante de tutela que cancele a tercero día desde su notificación, rechazando la observación (Conclusión II.5), decisión contra la que el accionante interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que mediante Auto de 3 de octubre de 2018, fue rechazado por el Juez aludido, confirmando el decreto de 13 de septiembre del mismo año, que aprobó la liquidación de asistencia familiar, intimando al peticionante de tutela, a cancelar el adeudo, para después tener presente la apelación en el efecto diferido, ordenando que la parte apelante provea los recaudos de ley. A su vez, dispuso que por Secretaría se libre mandamiento de apremio en forma simple en contra del accionante (Conclusión II.7), que fue finalmente expedido el 9 de octubre del referido año (Conclusión II.8).
Con la finalidad de resolver el problema jurídico planteado por Germán Hurtado Payares, es necesario tener presente, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que el procedimiento establecido para la ejecución de asistencia familiar, fue concebido por el legislador como sumarísimo y especial (art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar), en el que únicamente se reconoce la facultad de observar la liquidación presentada por parte del o de los beneficiarios, como medio idóneo y único con el que cuenta el obligado para controvertir el monto de asistencia familiar devengado, la forma de su pago o cualquiera otro aspecto que pueda influir en su definición.
En ese contexto, se advierte que el obligado, impetrante de tutela, el 4 de septiembre de 2018, observó la liquidación de asistencia familiar, arguyendo que compró mudas de ropa para sus tres hijos, resultando en su criterio la liquidación de mala fe, por cuanto la actora presentó sumas astronómicas que no coinciden con la realidad; asimismo, aludió a la presentación proformas con el precio de mudas de ropa de distintos centros comerciales para cada uno de los beneficiarios, así como las liquidaciones de mudas de ropa presentadas en otras oportunidades por el representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Minero del departamento de Santa Cruz, en las que se estableció el precio promedio de Bs. 300, discriminando respecto a las vestimenta a los Niños y Adolescentes de Minero...pidiendo una Liquidación de Bs. 1.120.- por cada mudada de ropa (sic); en mérito de lo cual, pidió al Juez de la causa, actual demandado, ordene la revisión completa de las liquidaciones de mudas de ropa, a efectos de que se practique nueva liquidación.
En mérito a ello y luego de absolver la actora el traslado de la referida observación, mediante Auto de 13 de septiembre de 2018, la autoridad demandada, fundamentó que ...siendo que se ha dado cumplimiento al párrafo I) del Art. 415 de la Ley No 603 Y de conformidad al párrafo II) del mismo artículo y de la Ley antes precitada Se APRUEBA la liquidación de asistencia familiar (sic), por lo que, procedió a intimar al obligado, para que cancele a tercero día de su legal notificación con la liquidación aludida, Bs2 100.- por concepto de asistencia familiar devengada y Bs15 420.-, equivalente a seis mudas completas de ropa, por cada uno de sus hijos, aclarando que por disposición del art. 415.VII del referido Código, rechazaba la observación.
Del contenido de dicha decisión, se constata que la autoridad demandada incurrió en evidente omisión a tiempo de efectuar cálculo alguno respecto al monto que el obligado adeudaría a la fecha de presentación de la liquidación de asistencia familiar, en razón a que ignoró las alegaciones de la observación al monto adeudado, evitando efectuar una mínima consideración respecto a los extremos que cuestionó el peticionante de tutela en su observación, en confrontación con la pretensión de la actora y en sujeción a la prueba presentada por ambas partes, habiéndose limitado a aprobar la liquidación de asistencia familiar, intimando al obligado a su pago y rechazando el cuestionamiento de aquél, lo que constituye una clara omisión de pronunciamiento de parte de la autoridad demandada, vulnerando el derecho del accionante al debido proceso, en sus elementos fundamentación y motivación; además, de su derecho a la defensa, ambos directamente vinculados a su derecho a la libertad, en razón a que, configurándose la observación de la planilla en el único medio a través del cual el obligado puede controvertir el adeudo determinado antes de que se produzca su aprobación por el Juez de la causa (art. 415.I y II del citado Código; y Fundamento Jurídico III.2), el Juez demandado transmutó su naturaleza a una simple actuación formal y previa, que daría lugar a la aprobación automática de la planilla, sin que sea válido cuestionamiento alguno de parte del obligado, posición que carece de todo sustento jurídico y legal.
En consecuencia, es posible concluir que cuando el Juez de familia tiene conocimiento del supuesto adeudo por concepto de asistencia familiar (liquidación), debe pasar dicha pretensión a conocimiento del obligado, con el objetivo de que éste la pueda observar en el plazo de tres días; en caso de hacerlo, la misma tiene que ser compulsada por dicha autoridad no solamente en contrastación con la planilla presentada por el o los beneficiarios, sino en el marco de la asistencia familiar y la forma de pago determinada judicialmente y con anterioridad; luego de lo cual, recién podrá aprobar la liquidación a través de una resolución debidamente motivada y fundamentada, conteniendo un pronunciamiento sobre los argumentos de la observación y la debida compulsa de las pruebas presentadas por ambas partes, sin que sea posible la presentación de recurso alguno (reposición o apelación) contra dicha decisión; procedimiento que no afecta lo dispuesto por el art. 415.VII del indicado Código, por cuanto se trata de actuaciones previas a la aprobación de la liquidación; en consecuencia, la imposibilidad de diferir el cumplimiento de la asistencia familiar, sea por el medio o recurso que fuera, procede a partir de la aprobación de la liquidación, sin desconocerse la etapa de observación prevista en la misma norma, parágrafos I y II del citado art. 415, y que, ante el incumplimiento de pago, daría lugar a la emisión del mandamiento de apremio, conforme al parágrafo III de dicho artículo y art. 127.II del mismo cuerpo normativo.
Por lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada, por lesión de los derechos del accionante al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación y defensa, directamente vinculado a su derecho a la libertad.