Respecto a los Fiscales de Distrito, se constituyen en el nexo entre la política institucional que debe desarrollar el Fiscal General y su implementación departamental, en ese entendimiento, los arts. 225 y 226 de la CPE, determinan que el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública; que tiene autonomía funcional, administrativa y financiera y que la autoridad jerárquica superior es la Fiscal o el Fiscal General del Estado y ejerce la representación de la institución, además de éste el Ministerio Público contará con fiscales departamentales, fiscales de materia y demás fiscales establecidos por la ley.
La abrogada Ley del Ministerio Público, señalaba en su art. 38, que los Fiscales de Distrito ejercen la acción penal pública y las atribuciones que la Constitución Política del Estado y las Leyes le otorgan al Ministerio Público, por sí mismos o por intermedio de los fiscales a su cargo, salvo cuando el Fiscal General de la República asuma directamente esa función o la encomiende a otro funcionario, mediante instrucción expresa, conjunta o separadamente. Su designación se realizaba por la Cámara de Diputados, por dos tercios de votos del total de sus miembros, de la nómina total de postulantes a la carrera fiscal. 
El art. 32 de la Ley 260, determina que “las y los Fiscales Departamentales son los representantes de mayor jerarquía del Ministerio Público en su Departamento” y que “Ejercerán la acción penal pública y las atribuciones que la Constitución Política del Estado y las leyes le otorgan al Ministerio Público, por sí mismos o por intermedio de las y los Fiscales a su cargo”; y según el art. 33 de dicha ley, es designado previa convocatoria pública por el Fiscal General del Estado.
Las normas glosadas muestran como el Constituyente y el Legislador asignan a los Fiscales de Distrito, ahora Fiscales Departamentales un rol jerárquico y fundamental para el logro de los fines institucionales del Ministerio Público.