Asimismo, corresponde hacer referencia a uno de los argumentos señalados por la Sala Constitucional Segunda para declarar la improcedencia por subsidiariedad, cuando menciona que por el petitorio realizado advierte que se trata de una medida cautelar, la cual de acuerdo a lo previsto por el art. 34 del CPCo, puede solicitar en la misma acción de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; sobre el particular es menester referirse a la normativa que prevé las medidas cautelares, así el art. 9 del mismo cuerpo legal, establece lo siguiente: El Tribunal Constitucional Plurinacional, de oficio o a petición de parte, a través de la Comisión de Admisión, podrá determinar las medidas cautelares que considere necesarias; A su vez, el art. 34 del referido Código, determina que: En todo momento, la Jueza, Juez o Tribunal podrá determinar de oficio o a petición de parte, las medidas cautelares necesarias para evitar la consumación de la restricción, supresión o amenaza de restricción, del derecho o garantía constitucional que, a su juicio, pueda crear una situación irreparable; es decir, que la medida cautelar depende de un proceso principal al cual es accesoria y su vigencia estará supedita a la duración de la causa, se ordenan para evitar un daño o amenaza a un derecho o garantía de la persona, de ahí que no puede constituirse en un recurso o medio idóneo que deba agotar la parte procesal en una acción constitucional; así, el profesor uruguayo Eduardo Couture señala que: Entrando a investigar sus caracteres se advierte que (...) tiene un carácter accesorio: no es un fin en sí, sino que es un medio de asegurar el resultado del juicio. De esa manera, se explica la razón por la cual los artículos transcritos que versan sobre medidas cautelares, el primero se encuentra dentro de las facultades especiales que la ley le otorga al Tribunal Constitucional Plurinacional; y, el segundo forma parte de las normas comunes de procedimiento en las acciones de defensa.