Al respecto el art. 33 del CPCo, señala: “La acción deberá contener al menos:
1.  Nombre, apellido y generales de quien interpone la acción o de su representante legal, acompañando en este último caso, la documentación que acredite su personería. En el caso de terceras personas que tengan interés legítimo, deberán acreditar el interés alegado. Además, deberá indicarse la dirección de un correo electrónico u otro medio alternativo de comunicación inmediata.
2.  Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los datos básicos para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, el lugar donde pueda ser notificada o notificado.
3.  Patrocinio de abogado cuando corresponda, o en su caso la solicitud de defensor público.
4.  Relación de hechos.
5.  Identificación de los derechos y garantías que se consideren vulnerados.
6.  Solicitud, en su caso, de medidas cautelares.
7.  Las pruebas que tenga en su poder o señalamiento del lugar donde se encuentren.
8.  Petición” (las negrillas son nuestras).
El art. 33 del CPCo, citado precedentemente, en forma expresa ha establecido los requisitos de forma y contenido que deben observarse inexcusablemente en la presentación de toda acción de amparo constitucional, por cuanto del cumplimiento de los mismos, depende que tanto el Juez o Tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, pueda compulsar sobre la base de criterios objetivos la legitimación de las partes, la veracidad de los hechos reclamados y los derechos lesionados, para en base a ella otorgar o denegar la tutela solicitada.