De lo precedente se colige que para que un trabajador o servidor público, pueda acogerse a la inamovilidad laboral, deberá acreditar que bajo su dependencia tiene una persona con discapacidad, situación que deberá ser acreditada mediante el certificado único de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, el cual es el documento válido para acceder a ese beneficio, así también la normativa señala que serán beneficiados los padres o tutores, entendiéndose que los padres son beneficiarios de forma directa, mientras que los tutores deberán demostrar que tienen esa calidad, conforme establece el Código de las Familias y del Proceso Familiar.
En el presente caso, si bien existe una persona con discapacidad, conforme los informes sociales presentados por la accionante que dan cuenta de ello, los mismos simplemente dan a conocer la situación social en la que se encuentra dicha persona; en ese sentido, no se demostró fehacientemente que la misma fuera la tutora de la persona con discapacidad, como establece la norma descrita ut supra, para poder beneficiarse con la inamovilidad laboral como pretende, puesto que el simple enunciado que tiene bajo su dependencia a una persona con discapacidad no la hace beneficiaria a la inamovilidad laboral, debiendo acreditar primeramente la calidad de tutora por autoridad judicial competente, así como también la discapacidad de la persona a su cargo mediante el certificado correspondiente, requisitos que no fueron presentados; por lo que no se puede conceder la tutela; consecuentemente, corresponde denegar la misma.