APELACIÓN INCIDENTAL - La Resolución que rechazó la constitución de los garantes de...

Bolivia

Tribunal: Tribunal Constitucional Plurinacional de BoliviaMateria: Derecho Procesal PenalTema: Mecanismos de ImpugnaciónSubtema: APELACIÓN INCIDENTAL

Líneas Jurisprudenciales:

La Resolución que rechazó la constitución de los garantes del accionante deviene de la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva, debe ser apelada de acuerdo a lo establecido en el art. 251 del CPP y no así en el marco del art. 406 del CPP

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SC 0003/1100-R

Confirmadora

Es el razonamiento constitucional que confirma o ratifica un precedente anterior

En el marco de antecedentes descritos que dan cuenta de lo suscitado en el proceso en cuestión, se debe partir indicando que para la correcta aplicación del procedimiento a seguir dentro del recurso de apelación incidental presentado por el accionante, es necesario en principio precisar el actuado procesal sobre el cual se interpuso el recurso, lo que de manera lógica nos conducirá a la aplicación pertinente de su trámite.
En ese sentido como se manifestó anteriormente, el accionante fue beneficiado con la cesación a su detención preventiva siéndole impuestas ciertas medidas sustitutivas que debían ser cumplidas a fin de hacer eficaz dicha determinación y materializar las medidas sustitutivas impuestas y por ende el cese de la detención preventiva, lo que en el presente caso nos sitúa en el régimen de medidas cautelares de carácter personal, ahora bien, para que dicho beneficio pueda ser concretado el accionante entre otras medidas debía presentar dos garantes personales; sin embargo, los mismos fueron rechazados por el Juez de la causa, habiendo en consecuencia planteado el recurso de apelación incidental referido, el que de acuerdo al régimen en el cual nos encontramos -medidas cautelares- debió ser tramitado de acuerdo a lo establecido en el art. 251 del CPP, toda vez que la Resolución que rechazó la constitución de los garantes del accionante deviene de la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva, correspondiendo en tal caso proceder a su conocimiento y resolución de conformidad al principio de celeridad establecido en nuestra Constitución Política del Estado, a partir del cual se determinó la resolución diligente de las resoluciones judiciales más aún cuando se encuentra inmersa cualquier solicitud en la que se ve afectado el derecho a la libertad como ocurrió en el presente caso.
En ese marco, se debió tener en cuenta que el hoy accionante ya contaba con una determinación que dispuso la cesación de su detención preventiva, faltándole únicamente la acreditación de sus respectivos garantes para que la misma se haga efectiva, no resultando lógico que el nombrado tenga que esperar la distribución y el sorteo del recurso en el marco del trámite previsto por el art. 406 del CPP, que en los hechos postergará el cumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas y por lo tanto hará improcedente la cesación a su detención preventiva ya dispuesta, cuando de acuerdo a la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que tenga conocimiento de una solicitud en la que se ve comprometido el derecho a la libertad, debe tramitar la misma de acuerdo a términos o plazos razonables, correspondiendo aplicar el trámite pertinente y especial de las medidas cautelares de carácter personal, el cual respecto de la apelación se halla establecido en el art. 251 del CPP, por lo que al haberse dispuesto que el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante sea tramitado de acuerdo a lo previsto en el art. 406 del CPP debiendo esperar la distribución y el sorteo respectivo, se efectuó una irrazonable aplicación del marco normativo, toda vez que entendiéndose que el marco general de la apelación de una medida cautelar de carácter personal se encuentra en el art. 251 del CPP, cualquier apelación que tenga que ver con las mismas -incluyendo las medidas sustitutivas a la detención preventiva- en su especificidad incumbe también desarrollarlas en el marco de lo establecido por dicho artículo, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada, aclarando que este indebido procesamiento vinculado al derecho a la libertad del accionante el cual fue afectado notoriamente toda vez que desde la interposición del recurso de apelación -cuyo trámite ahora se cuestiona- el 17 de enero de 2017 hasta la interposición de su acción de libertad el 20 de marzo de igual año, aun no fue resuelto, postergando de esta manera el goce efectivo de su libertad dispuesta tras la concesión de su cesación a la detención preventiva, lo que viabiliza la concesión de la tutela impetrada por este Tribunal al evidenciarse vulneración al debido proceso vinculado a la libertad y a la definición de la situación jurídica del accionante.

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Otros precedentes

Al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; sino que deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión