III.1. A efectos de resolver la problemática planteada, cabe recordar que este Tribunal a partir de la SC 160/2005-R, de 23 de febrero, en materia de hábeas corpus ha reconocido la aplicación de la improcedencia excepcional de este recurso en casos en los que se advierta que el recurrente tenía a su alcance un medido oportuno y eficaz para utilizar ante la autoridad que lesionó sus derechos o ante una instancia superior a la misma. Siguiendo esa línea jurisprudencial, en la problemática que resolvió dicha Sentencia, se consideró al recurso de apelación previsto por el art. 251 del CPP como un recurso de las características señaladas (oportuno y eficaz), de manera que al verificar que la parte recurrente no hizo uso del mismo se declaró improcedente el recurso.
Ahora bien, este Tribunal en otras problemáticas posteriores a la emisión de dicha línea jurisprudencial, ha dejado establecido que en casos en los que la parte recurrente renuncie a dicho recurso expresamente no obstante estar notificado o habiéndolo interpuesto lo retire, también se debe resolver declarando improcedente el recurso.
Siguiendo la lógica de la obligatoriedad de hacer uso de dicho recurso antes de acudir a esta jurisdicción, resulta obvio que cuando un imputado lo utiliza deberá hacerlo adecuadamente y conforme le exigen las normas de procedimiento que sean aplicables a la tramitación del recurso a presentarse, pues si bien es cierto en cada materia existen normas de carácter general para tramitar los recursos, no es menos evidente que también dentro de la misma materia existen normas especiales que son de preferente aplicación frente a las de carácter general, lo cual deviene de la naturaleza del asunto resuelto por la resolución que se impugna.
En este marco de razonamiento, en los procesos penales comunes regidos por el Código de procedimiento penal de 1999, existen normas de carácter general para impugnar las decisiones de los jueces y tribunales que conocen el proceso, que están expresamente previstas en el Libro Tercero, de la Segunda Parte del mismo Código, pues las normas del art. 396 inc. 3) del CPP, establecen lo siguiente:
Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este código, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución (...).
En cuanto a las causales de rechazo, el art. 399 del CPP, titulado (Rechazo sin trámite), prescribe:
Si existe defecto u omisión de forma, el tribunal de alzada lo hará saber al recurrente dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo.
Si el recurso es inadmisible lo rechazará sin pronunciarse sobre el fondo.
Siguiendo con las disposiciones del Libro Tercero relativo a los recursos, las normas del art. 404 señalan:
El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentado, ante el mismo tribunal que dictó la resolución, dentro de los tres días de notificada la resolución al recurrente.
Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la acompañará y ofrecerá junto con el escrito de interposición (...).
De la interpretación de todas las normas transcritas, se extrae que los recursos, deben ser interpuestos por escrito y ante el juzgado que atiende el asunto, cumpliendo con las formalidades debidas; quedando claro que no toda falta de formalidad provoca el rechazo o inadmisión del recurso, sino sólo las que sean esenciales para dar constancia de su presentación en el lugar determinado por ley y tiempo oportuno. Sin embargo existe una excepción a la interpretación aludida, pues el recurso de apelación en el régimen de medidas cautelares, vale decir el referido a impugnar las resoluciones que imponen medidas cautelares, establecido en las normas del art. 251 del CPP del Libro Cuarto de la primera parte del mismo Código, es un recurso que por su naturaleza (buscar la restitución de derechos fundamentales como la libertad física y la libertad de locomoción) prescinde de ciertas formalidades, tales como la exigencia de ser interpuesto por escrito, pues puede ser interpuesto en forma oral en la audiencia que se dicta la resolución de medidas cautelares, resultando como lógica consecuencia que la fundamentación podrá realizarse ante el Tribunal ad quem donde sea radicado el recurso, ya que será éste quien precise de escuchar la fundamentación no sólo de la parte apelante sino también del Ministerio Público o de la parte querellante, para acopiar los elementos de convicción suficientes a fin de revocar o confirmar la resolución apelada

En coherencia con el razonamiento anterior, también debe entenderse que el Tribunal ad quem, sólo podrá rechazar el recurso cuando luego de señalar la audiencia, el apelante no acuda a este acto, o lo que es lo mismo no podrá rechazar in límine el recurso por no haber sido presentado por escrito luego de dictada la resolución que imponga, rechace o modifique medidas cautelares.
III.2. Realizadas esas precisiones de orden interpretativo y aplicadas al caso concreto planteado, se tiene que la vocal recurrida actuó indebidamente al rechazar el recurso in límine, pues de la Parte Conclusiva de esta sentencia, concretamente de la conclusión II.3. claramente se ha establecido que la defensa del recurrente dijo que apelaba de la Resolución que le impuso la medida cautelar y el Juez cautelar señaló que se tenía presente y se remitan los antecedentes al tribunal competente; con lo cual conforme al razonamiento expuesto en los dos últimos parágrafos del Fundamento Jurídico III.1 se llenaban las exigencias de formalidad para la interposición de dicho recurso, de modo que la Vocal no debió rechazar in límine el recurso de apelación, lo que debió hacer era señalar audiencia para que el apelante se presentara y expusiera los fundamentos de la misma; y sólo en el caso de que a pesar de su legal notificación no hubiese concurrido a la audiencia, por lo tanto, no hubiese expuesto los fundamentos legales de la apelación y expresado los agravios en audiencia, podía rechazarlo.