Es decir que, la jurisprudencia constitucional, ya ha establecido una excepción al carácter subsidiario del amparo constitucional, que opera cuando, no obstante haberse planteado un recurso y encontrarse pendiente en su resolución, se concede la tutela para evitar un daño inminente, irremediable e irreparable, siempre que se haya demostrado la inminencia e irreparabilidad.
Ahora bien, desde otro punto de vista, debe también considerarse que existen ciertas situaciones singulares que, en virtud del reconocimiento real de los principios de justicia y de proporcionalidad, tendrán que ser consideradas para otorgar, de manea excepcional, la tutela del amparo constitucional, siempre que concurran determinados aspectos. En efecto, la regla general de subsidiariedad determina que el amparo no procede cuando la persona interesada acude a él antes de agotar los medios legales que tiene para su defensa, o cuando los utilizó en forma extemporánea; sin embargo, pueden presentarse determinadas circunstancias en las que, por ser tan flagrante e incuestionable la vulneración de principios constitucionales y al evidenciarse la existencia de esa extrema lesión que pudo ser evitada con la decisión adecuada de la autoridad que intervino en el asunto, pueda darse la protección del amparo, en resguardo de principios y valores superiores que deben ser garantizados a todo ser humano en toda circunstancia.
Tales principios superiores, son los de proporcionalidad y de justicia material.
En cuanto al concepto de proporcionalidad, se debe dejar claro que comprende tres conceptos parciales: 1) la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido; 2) la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios); y 3) la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes.
Lo anterior implica, a su vez, que no se debe buscar la efectividad de un derecho mediante el sacrificio o restricción total de otro. Lo que significa que debe realizarse una ponderación superficial o una prelación abstracta de uno de los bienes jurídicos en conflicto. Esta ponderación exige tener en cuenta los diversos bienes e intereses en juego y propender su armonización en la situación concreta, como momento previo y necesario a cualquier jerarquización o prevalencia de una norma constitucional sobre otra.
En este proceso de armonización concreta de los derechos, el principio de proporcionalidad, que se deduce del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, juega un papel crucial. Los límites trazados al ejercicio de los derechos, en el caso concreto, deben ser proporcionales, esto es, no deben ir más allá de lo indispensable para permitir la máxima efectividad de los derechos en pugna.
La delimitación proporcional de los bienes jurídicos en conflicto, mediante su armonización en la situación concreta, se hace necesaria cuando se considera la finalidad social del Estado de Derecho de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política del Estado, y se pretende impedir que, por la vía de la restricción injustificada de los derechos, termine por socavarse el contenido de uno o varios de ellos. Dicho de otro modo, la restricción o limitación en la que se traduce la medida legal a adoptarse por la autoridad competente, debe guardar una relación equilibrada y razonable con el fin perseguido. Rompe el mencionado equilibrio, la medida legal que impone a la persona una carga o restricción irrazonable, excesiva o inadecuada.
Por consiguiente, cuando se establezca el respeto del principio de proporcionalidad, se podrá llegar al principio de justicia material. El principio de justicia material o verdaderamente eficaz se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Exige, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales.
De lo anterior, se concluye que podrá operar la excepción a la subsidiariedad cuando la persona que acuda al amparo constitucional, haya reclamado, aún en forma extemporánea, en el proceso judicial o administrativo que se trate, una situación que vulnera flagrante e indubitablemente el principio de proporcionalidad, de manera que pueda concedérsele la tutela con el fin de alcanzar la justicia material. Empero, cabe remarcar que en cada caso, será el Juez constitucional quien deberá valorar las circunstancias particulares que se planteen, para que, de conformidad a ello, defina la concesión o denegatoria del amparo.