III.4. En el caso examinado, es de aplicación el anterior precedente constitucional,  pues, el recurrente después de haber sido citado para prestar su declaración informativa ante el Fiscal Policial -dentro de la investigación requerida en el marco del Manual de Procedimientos de la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional y el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional-, y luego de haberse abstenido a declarar en el ejercicio de su derecho constitucional, solicitó la anulación de obrados y pidió la inhibitoria del Fiscal Policial arguyendo un doble procesamiento por la misma causa, afirmando que la jurisdicción mayor arrastra a la menor, argumentación que carece de sustento jurídico puesto que como se tiene evidenciado, por una parte el Ministerio Público investiga los hechos concurrentes al presunto delito de tentativa de homicidio a cuya conclusión podrá eventualmente formularse la acusación si corresponde, y en su caso proseguir la acción penal correspondiente; en tanto que, por otra parte, mediante proceso administrativo seguido en contra del recurrente se busca la imposición de una sanción administrativa por faltas y contravenciones a las normas de carácter estrictamente administrativo en la Institución Policial.
Si bien el Estado ejerce el monopolio de la potestad sancionatoria o el ius puniendi, las normas legales que tipifican los actos u omisiones de las personas como delitos penales o ilícitos administrativos, señalan las respectivas sanciones, así como la autoridad o tribunal competente para juzgarlos y sancionarlos; empero, no es menos cierto que en la vía administrativa, admite también la imposición de sanciones por las infracciones a normas administrativas que velan por el buen ejercicio de la función pública, sin que los actos u omisiones descritas como infracciones constituyan por si solos un delito o un ilícito, situaciones éstas en las que indefectible deberán ser sustanciadas de acuerdo con las normas que regulan la persecución penal.