El contenido de los razonamientos glosados precedentemente, establece en consecuencia que toda persona se halla dotada del derecho a que los trámites judiciales en los cuales tenga participación no sean afectados por dilaciones y retrasos carentes de justificación legal, de lo contrario no solamente se afecta el derecho al debido proceso que se encuentra irradiado del espíritu que nutre la esencia del principio de celeridad, sino que también se afecta el derecho al acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones (art. 115.II de la CPE), toda vez que, la falta de resolución oportuna o tardía de los procesos, deriva en falta de tutela judicial, que conllevaría que los administradores de justicia emitiran sus pronunciamientos en cualquier tiempo, incumpliendo los plazos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico y acarreando con este accionar perjuicios y lesiones a los derechos más fundamentales de los litigantes.
En efecto, el derecho a un debido proceso sin dilaciones indebidas, encuentra su núcleo duro en la observancia inexcusable de los plazos procesales, los cuales han sido fijados por el legislador en los distintos instrumentos procedimentales que imponen a quienes administran justicia la obligatoriedad de su observancia y cumplimiento,

Corresponde aclarar que, la exigencia del respeto a los plazos procesales, también se hace extensiva a las partes litigantes, que tienen, al igual que los juzgadores, el deber de cumplir diligentemente los plazos establecidos en la ley durante las diferentes actuaciones y fases del proceso,