Cabe referir, respecto a los supuestos actos consentidos, en los que el Tribunal de garantías erróneamente basó su decisión, declarando “improcedente” la presente acción, es errada, porque no puede considerarse un acto consentido la demostración de la voluntad del accionante dentro del proceso, acudiendo ante todas las instancias en la vía administrativa, agotando la misma, e incluso acudiendo ante la jurisdicción constitucional a fin de que se subsanen los defectos procesales y la vulneración de sus derechos y garantías, aspectos los cuales no fueron atendidos por los accionados, más al contrario, estos haciendo abuso de poder, emitieron el oficio de 27 de junio de 2012, ordenando se cumpla la suspensión de su fuente laboral sin goce de haberes por quince días, a partir del 2 de julio del mismo año, interponiendo por su parte el accionante la presente acción el 14 de agosto de 2012, es decir, de manera inmediata a la emisión de la última resolución o disposición que vulnera sus derechos y garantías supuestamente infringidos, estando dentro del plazo de los 6 meses establecidos por los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo. Denotándose que la voluntad del accionante, de ninguna manera “consintió” la vulneración de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Debiendo tomarse muy en cuenta dicho aspecto por parte de los jueces y Tribunales de garantías, ya que de lo contrario, y al igual que el Tribunal de garantías del presente caso, de manera errada podrían permitir y consentir que se cometan vulneraciones de derechos y garantías constitucionales, so pretexto que al emitirse una resolución vulneratoria de derechos, y al “no haberse reclamado en el día” (como al parecer pretendía el Tribunal de garantías), estos serían considerados como actos consentidos, aspecto que se reitera es erróneo, ya que debe considerarse en todo caso, la voluntad del accionante a fin de buscar la restitución de sus derechos y garantías constitucionales, los recursos empleados para dicho fin y el plazo de seis meses conferido por los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo;