La Sustracción interparental de menores, entendida como la acción que realiza uno de los padres u otro pariente cercano de un niño o una niña, sustrayéndolo, reteniéndolo u ocultándolo, con el propósito primario de impedirle el derecho de visita o de custodia al otro progenitor, no solo puede llegar a constituir un delito sino también y de manera inevitable, un comportamiento violento que victimiza al menor o menores de edad involucrados.
De ahí la importancia y aplicación del principio desarrollado supra; puesto que, de acuerdo con la concepción del interés superior del niño, no puede haber un beneficio que trascienda o desconozca la vigencia efectiva de los derechos de la infancia. Ni el interés de los padres, ni de ninguna otra persona, ni el de la sociedad y ni aún el del Estado, pueden ser de mayor entidad cuando se toman decisiones que afectan a los menores. No se trata de un interés excluyente ni absoluto: es un interés prioritario que convierte en prevalentes todos los derechos de los menores cuando entran en conflicto.
Cuando se sustrae a un menor de su hogar, trasladándolo de su lugar de residencia habitual, o cuando se le impiden las visitas de uno de sus padres, se desconoce injustificadamente ese interés superior del niño y se vulnera su derecho de integridad personal y por ende su dignidad de persona humana.
Es una forma de violencia infantil, ya que niños y niñas son expuestos a consecuencias psicológicas de alto impacto como aguda sensación de miedo intenso, sentimiento de profunda confusión y sensación de indefensión.
Estos daños a la infancia tendrán repercusiones a futuro en el desarrollo como ciudadanos; por ello, la obligación del Estado, a través de sus instituciones de mejorar y priorizar la atención de temas relacionados con la infancia, desde todos los constructos jurídicos que lo componen; que, para el caso se encuentra en manos de la estructura orgánica de la jurisdicción ordinaria, protegiendo así el interés superior de la niñez en todos sus ámbitos.