El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagra el principio non bis in ídem, como un derecho humano que forma parte esencial del debido proceso; así la Declaración Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 8.4, ser refiere al mismo en los siguientes términos: “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”; postulado que armoniza con el art. 14 inc. 7) del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, cuando establece que: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual hubiese sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”.
Respecto a estas normas de derecho humanos de orden internacional, han surgido diversos pronunciamiento jurisprudenciales; así, el Comité de Derechos Humanos, en el año 1992, al pronunciarse respecto al caso Terán Jijón, indicó que la detención preventiva y la acusación en sí, si no se procede a la celebración de un juicio, no conforman una violación al principio del non bis in ídem.
Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una jurisprudencia ampliamente extensa, analizando el caso Loayza Tamayo, dispuso que la aplicabilidad del principio del non bis in ídem, depende de la naturaleza y los fundamentos de la decisión adoptada en el primer proceso.
Por otra parte, en concordancia con los preceptos normativos citados supra, el principio non bis in ídem, se encuentra reconocido en el art. 117.II de la CPE, que establece que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, denotando en su naturaleza jurídica, una triple dimensión, similar a la del debido proceso; es decir, el non bis in ídem, alcanza materialización procesal como: derecho fundamental, toda vez que es oponible a todos y ha sido reconocido como derecho humano por instrumentos internacionales; como garantía de carácter normativo procesal que tiene a evitar el doble juzgamiento y sanción y por los mismos hechos; y, finalmente como principio, por cuanto rige la administración de justicia y frena la potestad punitiva del Estado y su posible discrecionalidad.

De lo anterior, se infiere entonces, que el mencionado principio se halla compuesto por un elemento sustantivo y otro procesal, que impiden que una persona, pueda ser sancionada o juzgada doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado; infiriéndose en consecuencia que, existirá vulneración al “non bis in ídem”, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho.
Es precisamente de esta esencia, de donde emerge la naturaleza jurídica única y excepcional de este principio, garantía y derecho, que se sustenta básicamente en los principios de seguridad jurídica y justicia material, que a su vez materializan el principio de la cosa juzgada, que reconoce el carácter definitivo e inmutable a las decisiones judiciales o administrativas ejecutoriadas, impidiendo que los hechos o conductas debatidos y resueltos en un determinado proceso, sean nuevamente cometidos a discusión en un juicio posterior.
Así también lo entendió la Corte Constitucional de Colombia, que al referirse al alcance del non bis in ídem, sostiene lo siguiente: “…Es una garantía que prohíbe a las autoridades investigar, juzgar o condenar a una persona más de una vez por el mismo hecho respecto del cual ya se tramitó un proceso y se profirió una decisión, constituyéndose en elemento enderezado a realizar los valores de la justicia y la seguridad jurídica, al lado de otros principios como la presunción de inocencia y el derecho de defensa”; doctrina jurisprudencial que condice con el entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional de España, para el cual, mediante el principio non bis in ídem: “Se impide sancionar doblemente por un mismo delito, desde la misma perspectiva de defensa social, o sea que por un mismo delito recaiga sobre un sujeto una sanción penal principal doble o plural, lo que también contradiría el principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción, que exige mantener una adecuación entre la gravedad de la sanción y la de la infracción”.