El perdón judicial y la suspensión condicional de la pena son instituciones procesales penales que tienen como objetivo principal evitar los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración; y, dada su vinculación directa con el derecho a la libertad personal, corresponde analizar su naturaleza jurídica y las obligaciones que implican para las autoridades judiciales.

Estos beneficios procesales no son meras facultades discrecionales del juzgador, sino que constituyen derechos del condenado que deben ser necesariamente considerados cuando se cumplen sus requisitos; al respecto, el art. 365 del CPP establece claramente al disponer que la sentencia "determinará el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado". La omisión de pronunciamiento sobre estos beneficios, especialmente cuando las características de la condena los hacen potencialmente aplicables, constituye una vulneración al debido proceso que afecta directamente el derecho a la libertad personal, ya que restringe al condenado de la posibilidad de evitar la ejecución efectiva de una pena privativa de libertad de corta duración, cuya finalidad resocializadora ha sido cuestionada por la política criminal contemporánea y la propia jurisprudencia constitucional.