Ahora bien, por disposición del art 86 del CPP, Si durante el proceso se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte, su reconocimiento psiquiátrico. Comprobado este extremo, ordenará mediante resolución, la suspensión del proceso hasta que desaparezca su discapacidad.... En cumplimiento a dicha norma legal y en resguardo del derecho fundamental a la vida en su componente de acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna, que compele al juzgador a eliminar cualquier tipo de formalismo en su protección y en consideración al informe médico emitido por el Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco de Sucre, correspondía que la autoridad judicial demandada dé curso al trámite de la comprobación de la salud mental de imputado, para con su resultado determinar lo que corresponda (en su caso su internación en un centro de salud apropiado), adoptando si correspondía las medidas urgentes para garantizar su tratamiento médico; contrariamente, por decreto de 26 de septiembre de 2016, la autoridad judicial demandada se limitó a señalar la audiencia de consideración de la solicitud de cesación de detención preventiva, sin pronunciarse en torno al peritaje solicitado y en la emisión del Auto de 18 de octubre de 2016, por el cual se denegó la tutela solicitada, se limitó a observar el procedimiento advirtiendo que se trataba de un trámite de cesación de detención preventiva y no del que prevé el art. 86 del CPP, olvidando tanto que la referida norma legal dispone que la comprobación de la enfermedad mental del imputado debe efectuarse de oficio, como que la protección del derecho a la vida digna compele a eliminar cualquier formalismo, de manera tal que en su rol de juez de control jurisdiccional de la investigación, cuyo deber es precisamente garantizar los derechos y garantías fundamentales de las partes durante el desarrollo de la etapa preparatoria, tenía el deber, en su caso, de reconducir el trámite, teniendo en cuenta que del resultado de la averiguación de la existencia o no de la enfermedad mental del imputado depende; por una parte, el tratamiento que debe dispensársele al mismo; y por otra, la incidencia de ese hecho en el desarrollo del proceso. Consecuentemente, resulta evidente que la autoridad judicial demandada, al no haber valorado apropiadamente el certificado médico psiquiátrico y en consecuencia al no haber dado curso al trámite de comprobación de la enfermedad mental del imputado alegada por la hermana de éste, ha vulnerado el derecho a la vida del accionante, puesto que de esa manera se está impidiendo que el imputado eventualmente reciba el trato digno compatible con su estado de salud mental.