El art. 135 de la CPE, al instituir a la acción popular, establece que: “La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución” (el resaltado es añadido).
En este sentido debe entenderse la tutela del patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad en su dimensión pública o colectiva pues lo contrario se activaría el amparo constitucional.
Respecto al patrimonio público el mismo incluye el histórico así el art. 99.III de la CPE, expresa que: “La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley” y el parágrafo II de la misma norma, establece que: “El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley” (el resaltado nos corresponde).
El mismo debe ser protegido (art. 108.14 de la CPE), por los ciudadanos que para efectuar dicha defensa pueden plantear la acción popular y a las autoridades públicas de acuerdo a sus diferentes competencias desde el nivel central (art. 298.II.25 de la CPE), el nivel departamental (art. 300.19 de la CPE) o municipal (art. 302.I.16 de la CPE).
Entre uno de los principales factores que minan el valor de los monumentos públicos se encuentra la contaminación visual que genera producida por carteles, basurales, iluminación excesiva, construcciones sobrepuestas, etc.