PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD - La parte accionante interpuso erróneamente el recurso de rep...

Bolivia

Tribunal: Tribunal Constitucional Plurinacional de BoliviaMateria: Derecho Procesal ConstitucionalTema: Acción de amparo constitucionalSubtema: PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

Líneas Jurisprudenciales:

La parte accionante interpuso erróneamente el recurso de reposición, contra una providencia que no fue la que originalmente generó el problema jurídico, por lo que no dio cumplimiento al principio de subsidiariedad

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SC 0003/1100-R

Confirmadora

Es el razonamiento constitucional que confirma o ratifica un precedente anterior

El accionante alegó que dentro del proceso penal iniciado contra Carlos Alberto Poma Ramos, se dictó la acusación formal de 16 de mayo de 2018, razón por la cual y previo sorteo, se remitió obrados al Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, autoridades que a solicitud del denunciado, devolvieron el cuaderno de investigación al Juzgado de Instrucción Penal Sexto, con el objeto que se resuelvan los incidentes y excepciones formuladas en la etapa preparatoria. En este contexto, denunció que no correspondía retrotraer etapas procesales vencidas, y que el Juez de origen debió devolver nuevamente los antecedentes ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero, a fin de que por esta instancia, se resuelvan las cuestiones incidentales planteadas. Por tal motivo, manifestó que el accionar de la autoridad demandada, al momento de dictar el Auto de 10 de octubre de 2018, lesionó la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, otorgando supremacía a la Circular 03/2017, dictada por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en defecto de los arts. 54 del CPP, 15 de la LOJ y 410 de CPE.
Establecida la problemática jurídica referente al caso; evidentemente se advierte que el demandante de tutela, inició un proceso penal contra Carlos Alberto Poma Ramos, por la supuesta comisión del delito de estafa.
Dentro del desarrollo del proceso, se emitió la imputación formal de 4 de octubre de 2017 y posteriormente la acusación de 16 de mayo de 2018, que previo sorteo, fue remitida al ya citado Tribunal de Sentencia Penal Primero, por providencia de 17 de mayo de similar año. A raíz de ello, mediante memorial de 10 de julio de igual año, el acusado solicitó a los miembros del Tribunal, la remisión del cuaderno de investigación y de todos los antecedentes al Juzgado de origen, a fin de que se resuelvan las excepciones e incidentes planteados en la etapa preparatoria; y que se encontraban sin resolver al momento de la presentación del requerimiento conclusivo de acusación.
Por tal razón, los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, en aplicación de la Circular 03/2017, dictaron la providencia de 23 de julio de 2018 y devolvieron los antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal Sexto, a fin de que la autoridad a cargo, resuelva las cuestiones incidentales formuladas en la etapa de instrucción. Siguiendo este procedimiento, la señalada autoridad, a través del proveído de 25 del mismo mes y año, recibió los antecedentes y señaló audiencia pública de consideración y resolución de incidentes y excepciones, para el 27 de agosto de ese año.
Este último proveído, fue impugnado por el demandante de tutela a través del recurso de reposición de 31 de agosto de 2018, dirigido al Juez de Instrucción Penal Sexto; con el argumento que, debido a la presentación de la acusación fiscal, la etapa preparatoria había concluido, dando inició a la fase procesal de juicio penal ordinario, y que en observancia de lo previsto por el art. 44 del CPP, el Juez cautelar había perdido competencia; señaló además que, el art. 16 de la LOJ prohíbe retrotraer etapas procesales y que bajo ese razonamiento, la autoridad judicial de origen no podía resolver las excepciones e incidentes no considerados en la etapa preparatoria; más aún, cuando el acusado tuvo más de seis meses para hacer su reclamo.
Posteriormente y al no recibir respuesta de parte de la autoridad jurisdiccional, el impetrante de tutela, solicitó que se reconduzca el procedimiento y se resuelva la reposición planteada previamente. A raíz de ello, el Juez de Instrucción Penal Primero en suplencia legal del similar Sexto, a través de providencia del 10 de octubre del mismo año, dispuso no ha lugar a lo peticionado, con el argumento que la única posibilidad que existía, era resolver las cuestiones incidentales y posteriormente, remitir obrados ante el Tribunal de Sentencia.
Finalmente, contra esta última decisión judicial, presentó una solicitud de complementación y enmienda, que fue atendida negativamente por la autoridad demandada, a través de la providencia de 19 de octubre de 2018. Hasta aquí, la secuencia procesal de cada uno de los actos relevantes para la resolución del presente caso.
Dada la naturaleza de la cuestión planteada, en esta etapa, corresponde manifestar que la presente acción de amparo constitucional se encuentra regida por los principios de inmediatez y subsidiariedad, bajo este último, la regla establece, que no se puede activar de forma directa la vía constitucional extraordinaria dentro de un proceso judicial o administrativo, si previamente la parte interesada no agotó los medios de defensa e impugnación previstos por ley. Siguiendo este razonamiento, el Fundamento Jurídico III.2 de la presente acción, estableció subreglas de improcedencia de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad, en ese orden, cuando las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, y cuando en su oportunidad y en el plazo legal no se planteó un recurso o medido de impugnación; sobreviene la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional.
Ahora, si bien se observa que la presente demanda tutelar está dirigida contra el Auto de 10 de octubre de 2018, que dispuso no ha lugar el recurso de reposición interpuesto por el impetrante de tutela; y en consecuencia, el Juez de origen no devolvió los antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; a objeto de la resolución de la problemática jurídica traída a colación, es necesario identificar cual es la resolución judicial primigenia que lesionó los derechos y garantías fundamentales de la parte accionante; tomando en cuenta que la presente acción procede siempre y cuando no exista otro medio o recurso legal para la protección de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.
En esa lógica, en el fondo la parte solicitante de tutela, pretende que se remitan antecedentes ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero, porque en su criterio, la autoridad judicial demandada no tendría competencia para resolver los incidentes y excepciones, ni retrotraer el trámite procesal; por tal motivo, interpuso un recurso de reposición contra la Providencia de 25 de julio de 2018, y ante la negativa dispuesta por la Resolución 10 de octubre del mismo año, formuló complementación y enmienda, que de igual forma fue declarada NO HA LUGAR.
Siguiendo este análisis, se advierte que una vez remitido el cuaderno de investigación ante el mencionado Tribunal de Sentencia Penal Primero, el acusado, acudió a dicha instancia por memorial de 10 de julio de 2018, solicitando se devuelva lo obrado al Juez de Instrucción Penal Sexto, argumentando que existían cuestiones incidentales formuladas en la etapa preparatoria pendientes de resolución; lo cual motivo que se dicte la providencia de 23 de julio de 2018, y en consecuencia, se ordenó la remisión del expediente al juez de origen.
En ese orden, se advierte que esta última resolución, estableció en su parte pertinente que: En tal sentido y en mérito de la Circular 03/2017 emitida por el Tribunal Departamental de La Paz y Sentencias Constitucionales que establecen que los Jueces de Instrucción deben resolver todos los incidentes y excepciones planteados en la Etapa Preparatoria hasta antes de la presentación del requerimiento conclusivo de Acusación, por lo que dispone la devolución de obrados al Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal y Cautelar, a objeto de que resuelva todos los incidentes y excepciones o apelaciones pendientes dentro del caso de autos, sea con nota de atención y cortesía (sic). A partir de lo señalado, en los hechos, esta última decisión judicial dictada 23 de julio de 2018, fue la que motivó que se remitan los antecedentes al Juez de Instrucción Penal Sexto, que a criterio del accionante carecía de competencia para resolver las excepciones e incidentes; por lo que, a fin de cumplir el principio de subsidiariedad previsto en los arts. 129.I de la CPE y 54.I del CPCo; dicho fallo primigenio, debió ser objeto de impugnación en la vía incidental mediante los medios de defensa ordinarios previstos por ley, dentro del marco jurídico de los arts. 314 y 315 del CPP, y en atención al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Alejado de ello y con el propósito de que esta jurisdicción tome por superado el principio rector de subsidiariedad, erróneamente se interpuso el recurso de reposición, contra una resolución (de 25 de julio de 2018) que no fue la que originalmente generó el problema jurídico, que ahora el accionante pretende sea corregido. Razón por la cual, este Tribunal se encuentra impedido de hacer un análisis al fondo de la cuestión planteada, al no haberse agotado los mecanismos intraprocesales previstos por ley.

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