PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD - Cuando el sindicado del proceso disciplinario policial, cons...

Bolivia

Tribunal: Tribunal Constitucional Plurinacional de BoliviaMateria: Derecho Procesal ConstitucionalTema: Acción de amparo constitucionalSubtema: PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

Líneas Jurisprudenciales:

Cuando el sindicado del proceso disciplinario policial, considere que el contenido de la acusación fiscal y/o del auto de inicio de procesamiento vulnera sus derechos o garantías constitucionales, puede refutarlos de manera concentrada en la audiencia de proceso oral, antes de acudir a la acción de amparo constitucional

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SC 0003/1100-R

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Es el razonamiento constitucional que dio lugar al origen del precedente constitucional

El accionante denuncia la vulneración de los derechos invocados en la presente acción de defensa, debido a que dentro del proceso disciplinario seguido a los terceros interesados, en el cual actuó como testigo de cargo, el Fiscal Policial codemandado, amparándose en el art. 42.8 de la LRDPB, amplió la acusación en su contra, aun cuando concluyó la fase del juicio oral donde las partes debían emitir sus alegatos finales, petición que fue aprobada por el entonces Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro de la Policía Boliviana -demandado-, sin consultar con los demás miembros de ese Tribunal.
Posteriormente, se desarrolló una fase investigativa en su contra, pese a que contaba con el memorando 3559/2015 de 25 de noviembre, por el que se le concedió vacación anual, tiempo durante el cual el Fiscal Policial codemandado dictó el requerimiento de ampliación de inicio de investigación de 27 de noviembre de 2015, por lo que el Tribunal demandado pronunció el Auto de inicio de procesamiento complementario 131/2015 en su contra, sin ser escuchado ni contar con un abogado o tener la oportunidad de ofrecer pruebas.
De la revisión de los antecedentes se tiene que evidentemente, dentro del proceso disciplinario seguido contra los terceros interesados (Conclusiones II.1. y II.2.), el accionante actuó como testigo de cargo en la audiencia pública de 5 de octubre de 2015 (Conclusión II.3.); posteriormente, en la audiencia pública de 5 de noviembre de ese año, el Fiscal Policial codemandado a momento de formular sus alegatos finales, en base al art. 42.8 de la LRDPB, que establece como una de las atribuciones de los fiscales policiales: Solicitar al Tribunal Disciplinario Departamental, la ampliación de la acusación, cuando haya nuevos elementos de convicción contra la procesada o las procesadas y el o los procesados o cuando se identifiquen nuevos involucrados (sic), pidió la ampliación de la acusación contra el hoy accionante, petición a la cual se adhirieron los ahora terceros interesados, lo que fue concedido por el otrora Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro -demandado-, disponiendo en el acto la remisión de antecedentes ante la Fiscalía Departamental Policial (Conclusión II.4.).
Posteriormente, mediante memorando 3559/2015, se determinó que el accionante goce de su vacación anual desde el 27 de noviembre hasta el 31 de diciembre de igual año, de conformidad al art. 78 de la LOPN y el Reglamento de Personal (Conclusión II.5.). Durante ese lapso, el 27 de noviembre de ese año, se emitió el requerimiento de ampliación de inicio de investigación, que fue remitido por nota cite: 1988/2015, ante el Comandante Departamental de la Policía de Oruro (Conclusión II.6.), razón por la que no se procedió a la aplicación de medidas preventivas contra el accionante, tal cual consta por oficio cite: Stria. Gral. DI-358/2015 de 4 del mismo mes, que adjuntó el citado memorando (Conclusión II.7.), razón por la cual el Fiscal Policial codemandado ordenó su notificación mediante cédula, la cual se efectuó el 9 de diciembre de ese año (Conclusión II.8.); por consiguiente, la esposa del accionante presentó un memorial en la misma fecha, señalando que este se encontraba de vacaciones, dictándose el decreto de 10 de igual mes y año (Conclusión II.9.), para luego requerirse fotocopias legalizadas del rol de vacaciones del ahora accionante y luego la revocatoria de la vacación anual del accionante (Conclusión II.10.).
El Fiscal Policial codemandado, mediante requerimiento fiscal policial de 17 de noviembre de 2015, solicitó realizar vigilancia y seguimiento del hoy accionante, por intermedio de la sección S-II de Inteligencia de la DIDIPI Oruro, a objeto de notificarlo con el requerimiento de inicio de la investigación y tomar su declaración informativa (Conclusión II.12.).
El 29 de noviembre de 2015, el Fiscal Policial codemandado formuló ampliación de la acusación formal del caso 135/2015 (Conclusión II.13.), y al día siguiente, el accionante se apersonó a objeto de asumir su defensa, siendo notificado en la misma fecha con la citada ampliación (Conclusión II.14.); posteriormente, se dictó el Auto de inicio de procesamiento complementario 131/2015, estando pendiente la audiencia de juicio oral (Conclusión II.15.).
Sobre la notificación del requerimiento de inicio de investigación
Por lo precedentemente expuesto, se tiene que si bien el accionante se encontraba de vacaciones, el Fiscal Policial codemandado asumió todos los recaudos posibles para efectivizar la notificación con el requerimiento de inicio de investigación, al momento de tomar conocimiento que el nombrado no se encontraba en la ciudad de Oruro, requiriendo la revocatoria de su vacación con una causa justificada, cual es el inicio de investigación contra el accionante, además solicitó la vigilancia del mismo para hacer efectiva la referida diligencia; asimismo, a través del informe de 3 de diciembre del mismo año, señaló que se comunicó vía telefónica con el ahora accionante, explicándole que se aperturó un proceso en su contra, por lo que este le señaló que se encontraba en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, gozando de sus vacaciones y que retornaría en dos semanas (Conclusión II.6.), y aun cuando no consta en antecedentes la notificación con el requerimiento de inicio de investigación, se tiene que el accionante a momento de apersonarse tomó conocimiento de la formulación de la ampliación de la acusación formal, en la cual textualmente se indica que: Se realiza inicio de investigación en mérito a la audiencia realizada en fecha de 15 de noviembre de 2015 (...) donde durante el desarrollo del proceso se ha podido percibir nuevos elementos de convicción en contra de nuevos involucrados dentro del proceso disciplinario 135/2015 (...) el suscrito fiscal policial (...) solicitó la ampliación de la acusación (...) se emitió requerimiento de investigaciones el fecha 27 de noviembre de 2015, en contra de los funcionarios policiales (...) Limberth F. Oporto Mier (sic).
De lo referido, se tiene que el accionante tuvo pleno conocimiento del proceso disciplinario seguido en su contra (Fundamento Jurídico III.2.), realizando actos tendientes a asumir su defensa, como solicitar fotocopias simples de los actuados procesales y plantear recusación contra Miguel Ángel Villarroel Vidaurre, actual Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro -codemandado- (Conclusión II.17.), por lo que no se lo dejó en estado de indefensión.
Respecto a las irregularidades cometidas por las autoridades demandadas
El art. 74 de la LRDPB, determina lo siguiente: Una vez recibida la Acusación Fiscal Policial, dentro de las veinticuatro horas se emitirá el Auto de Inicio de Procesamiento, señalando en forma expresa la o las faltas graves que se acusa a las servidoras o servidores públicos policiales procesados, señalando día y hora de realización de la Audiencia de Proceso Oral, entre el tercer y octavo día hábil posterior a la notificación, a efecto que se prepare la defensa.
Los defectos de forma de la Acusación Fiscal Policial, no impedirán la prosecución del proceso ni son causa de nulidad (las negrillas nos pertenecen).
Es decir, que ni la acusación fiscal (etapa investigativa) ni el auto de inicio de procesamiento (etapa del proceso oral) constituyen actos definitivos que resuelvan la denuncia contra el sindicado, sino que los mismos son actos provisionales y preparatorios establecidos para averiguar la verdad material de los hechos que serán dilucidados únicamente en la audiencia de proceso oral; por tanto, en razón a la naturaleza del proceso disciplinario, esos actuados no son impugnables directamente en la vía administrativa a través de excepciones o incidentes, conforme se deduce del art. 52 de la LRDPB.
Sin embargo, considerando que el proceso administrativo disciplinario policial está cimentado en los principios de presunción de inocencia y debido proceso [art. 49 incs. 4) y 8) de la LRDPB], cuando el sindicado considere que el contenido de la acusación fiscal y/o del auto de inicio de procesamiento vulnera sus derechos o garantías constitucionales, puede refutarlos de manera concentrada en la audiencia de proceso oral; ello, en mérito a los principios de economía, simplicidad y celeridad del procedimiento administrativo disciplinario de la Policía Boliviana -art. 49 de la LRDPB-, bajo una lógica de concentración del proceso administrativo disciplinario, a objeto que sea el tribunal de primera instancia quien resuelva las alegaciones del denunciado, y en caso que ese ente colegiado no emita pronunciamiento alguno acerca de los agravios vertidos por el demandado a momento de pronunciar resolución -art. 91 de la citada Ley-, el mismo tiene la alternativa de plantear apelación, que conforme al art. 97 inc. 1) de la referida norma: ...procede contra las Resoluciones de primera instancia (...) Por inobservancia o vulneración de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica o esta Ley (las negrillas son añadidas); finalmente, y solo en caso que los derechos y garantías presuntamente lesionados no fuesen reestablecidos por el tribunal de alzada, el demandado podrá acudir a la vía del amparo constitucional.
Ahora bien, en el presente caso, acerca de las irregularidades cometidas por el Fiscal Policial en el desarrollo de la etapa investigativa y la actuación del Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro de la Policía Boliviana -hoy demandado-, se tiene que este último dictó el Auto de inicio de procesamiento complementario 131/2015, durante la etapa del proceso oral (Conclusión II.15.); así, la audiencia de proceso oral fue suspendida reiteradas veces bajo diferentes motivos, por lo que el accionante tuvo tiempo de estructurar su defensa, conforme establece el art. 74, pudiendo formular en ese actuado procesal, todos los reclamos que ahora pretende sean resueltos por la vía del amparo constitucional, puesto que en esa etapa se puede recibir aún su declaración voluntaria (art. 82) y presentar prueba (art. 83 y 86), y en caso de dictarse una resolución sancionatoria en su contra (art. 93), podrá interponer recurso de apelación (art. 97), que será resuelto por el Tribunal Disciplinario Superior (art. 98 [todos los preceptos citados de la LRDPB]); por lo que, al no haber agotado los mecanismos idóneos en procura del restablecimiento de sus derechos, acudiendo directamente a la acción de amparo constitucional, cual si la jurisdicción constitucional fuera una instancia supletoria de la jurisdicción ordinaria administrativa (Fundamento Jurídico III.1.), este Tribunal Constitucional Plurinacional, se encuentra facultado para denegar la tutela impetrada con la aclaración de no haber ingresado al fondo de la problemática planteada.

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Otros precedentes

Cuando una persona considere estar agraviada en su derecho a la defensa, por no haber sido notificada con una sentencia, le corresponde acudir previamente a la jurisdicción ordinaria reclamando ese extremo para luego si la lesión persiste recién acudir a la jurisdicción constitucional