PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD - Una vez agotada la instancia administrativa-tributaria, es v...

Bolivia

Tribunal: Tribunal Constitucional Plurinacional de BoliviaMateria: Derecho Procesal ConstitucionalTema: Acción de amparo constitucionalSubtema: PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

Líneas Jurisprudenciales:

Una vez agotada la instancia administrativa-tributaria, es viable aperturar la tutela constitucional a través del amparo constitucional para el resguardo de derechos fundamentales, siempre y cuando las pretensiones del afectado no versen sobre hechos controvertidos

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SC 0003/1100-R

Moduladora

Es el razonamiento constitucional que modifica un precedente pero no en su totalidad

El art. 25.I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, en este contexto y considerando que esta disposición forma parte del bloque de constitucionalidad boliviano en los términos del art. 410.II de la CPE, se tiene que la dimensión procesal-constitucional del amparo debe ser estructurada a partir de esta óptica.
En efecto, el amparo constitucional regulado como recurso por el art. 19 de la CPEabrg. y disciplinado como acción en el nuevo modelo constitucional, constituye un mecanismo eficaz de defensa para el resguardo de derechos fundamentales insertos en el bloque de constitucionalidad, siempre y cuando no tengan una protección específica a través de otros medios de defensa de naturaleza constitucional, en este espectro, se tiene que a la luz del derecho procesal constitucional, esta herramienta de defensa tiene una dimensión cuya génesis encuentra razón de ser en la teoría general del proceso, por eso, es imperante describir sus características a la luz de los postulados procesales aplicables a la rama del derecho procesal constitucional.
En ese orden de ideas, la acción de amparo en su dimensión procesal se configura como un verdadero proceso de naturaleza sumaria, al cual le son aplicables los postulados propios de la teoría general del proceso, combinados con los principios y dogmática constitucional predominante, aspectos con los cuales se asegura una tutela constitucional efectiva para la protección pronta y oportuna de derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento constitucional. Así en palabras del tratadista Samuel Abad Yupanqui, el amparo es un verdadero proceso especial de naturaleza constitucional cuya pretensión es obtener la protección jurisdiccional frente a los actos lesivos (amenazas, omisiones o actos stricto sensu) de los derechos constitucionales distintos a la libertad individual y a los tutelados por el hábeas data, cometidos por cualquier autoridad, funcionario o persona.
En efecto, este mecanismo constitucional de defensa, tiene en el ordenamiento jurídico boliviano un carácter preventivo y reparador y opera en casos en los cuales no exista otro remedio judicial eficiente, por tanto, se concluye que esta acción por mandato del art. 19.V de la CPEabrg y 129.I de la CPE se caracteriza por la vigencia del principio de subsidiariedad, toda vez que este proceso de raigambre constitucional no sustituye las otras vías o instancias legales que las leyes confieren a los afectados para restituir los derechos fundamentales afectados.
Así las cosas y siguiendo una interpretación bajo el criterio de “unidad constitucional”, a la luz de la problemática concreta, se establece que el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional, encuentra sustento en la ingeniería constitucional establecida por el constituyente para el órgano judicial o ejecutivo, en ese contexto, la jurisdicción ordinaria tiene la finalidad de administrar justicia al amparo del principio de unidad jurisdiccional plasmado en el art. 179.I de la CPE; asimismo, al órgano ejecutivo entre otros aspectos se le encomienda la gestión pública; por su parte, la justicia constitucional, tiene como misión garantizar el respeto a la Constitución Política del Estado y la vigencia plena de los Derechos Fundamentales, siempre y cuando en la esfera jurisdiccional o administrativa no se hayan restituido los derechos afectados. Entonces, el postulado antes señalado tiene gran preponderancia ya que los jueces o tribunales ordinarios o autoridades administrativas, no solamente son garante de la legalidad, sino también son guardianes y celadores de derechos fundamentales, por tal razón, solamente en caso de incumplir este rol, puede operar la tutela constitucional, ya que de lo contrario y de no agotarse todos los medios procesales para el resguardo de los mismos en sede jurisdiccional ordinaria o en esfera administrativa, se tendrían esferas de decisión con roles paralelos, equivocando así el verdadero sentido de la justicia constitucional y ocasionándose incoherencias jurídicas que afecten los cimientos propios de la justicia ordinaria o la función administrativa y la esfera de control de constitucionalidad, razón por la cual, el orden constitucional imperante atribuye a la acción de amparo constitucional un carácter residual.

(...)

Considerando que la autoridad demandante, mediante informe cursante a fs. 662 a 669 vta., señaló que el Tribunal Constitucional ha establecido a través de su jurisprudencia que en materia administrativa tributaria para habilitarse ante la jurisdicción constitucional se debe agotar la vía judicial contencioso tributaria, es imperante aclarar que las sub-reglas desarrolladas supra, no son aplicables cuando el sujeto pasivo decide activar la vía administrativa-tributaria a través de los recursos de alzada y jerárquico, en tal sentido, una vez agotada esta instancia, es viable aperturar la tutela constitucional a través del amparo constitucional para el resguardo de derechos fundamentales, siempre y cuando las pretensiones del afectado no versen sobre hechos controvertidos, los cuales necesariamente deberán ser discutidos a través de un proceso contencioso administrativo.
En este contexto, es imperante destacar que en virtud a las SSCC 0009/2004 y 0018/2004, el sujeto pasivo de obligaciones tributarias, contra una resolución determinativa, como derecho facultativo, puede optar por dos vías de impugnación excluyentes una de otra; en efecto, puede acudir ante la vía administrativa-tributaria encomendada a la Superintendencia Regional Tributaria y la Superintendencia General Tributaria ó también puede impugnar esta decisión en la esfera jurisdiccional a través del proceso contencioso tributario.
En el primer caso, es decir, cuando un sujeto pasivo impugna una resolución determinativa en sede administrativa-tributaria, esta instancia queda agotada con la resolución que resuelve el recurso jerárquico, situación en la cual, el afectado, en caso de existir hechos controvertidos, puede acudir ante el contencioso administrativo, toda vez que las resoluciones emitidas por el Superintendente General Tributario, son actos administrativos que pueden ser objeto de control jurisdiccional posterior. En ese contexto, es imperante precisar que la justicia constitucional puede ser activada para la tutela pronta y oportuna de derechos fundamentales protegidos a través de la acción de amparo constitucional, sin necesidad de que el afectado active previamente el proceso contencioso administrativo siempre y cuando no existan hechos controvertidos, criterio ya desarrollado por las SSCC 1800/2003-R y 0355/2005-R, entre otras.
En el segundo supuesto, es decir, en caso de haber sido activada directamente la vía jurisdiccional a través del contencioso tributario para el cuestionamiento de una resolución determinativa, esta vía, concluye con una decisión jurisdiccional con calidad de cosa juzgada, circunstancia en la cual, el control de constitucionalidad a través de la acción de amparo solamente podría ser activada para restituir vulneraciones a derechos fundamentales de acuerdo a los parámetros jurisprudenciales establecidos por la SC 0668/2010-R de 19 de julio, entre otras.
Ahora bien, en la especie y por los argumentos desarrollados líneas arriba, se establece que las reglas y subreglas de improcedencia de la acción de amparo constitucional desarrolladas, no pueden aplicarse en la presente problemática, razón por la cual, al haberse agotado la vía administrativa-tributaria y al no versar la petición sobre hechos controvertidos, corresponde ingresar al análisis de fondo de todos los aspectos peticionados, tarea que será realizada infra.

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