III.3. La seguridad jurídica ha sido entendida por este Tribunal como la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran; representa la garantía de la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de las autoridades pueda causarles perjuicios.
Las disposiciones impugnadas por el recurrente, al determinar la inversión de la prueba en materia laboral, no lesionan de modo alguno la seguridad jurídica, porque obedecen a la formulación de un procedimiento especial, que nace de un Derecho sustantivo específico que protege a los trabajadores dada la diferencia económica y social objetiva que existe con el empleador.