Dentro de los plazos procesales tenemos, los legales, judiciales y convencionales; los legales son los que están fijados por la misma ley -el término para oponer una excepción, el término de prueba, el término para recurrir de apelación o de casación- son legales porque la ley es la que fija el margen de tiempo dentro del cual deben cumplirse dichas actividades; los judiciales son los fijados por el juez -en el caso del término de prueba en proceso ordinario el juzgador (de diez a cincuenta días) puede señalar uno menor al máximo de cincuenta o superior al de diez días, en ejecución de sentencia puede conferir al perdido un plazo razonable para el cumplimiento de la sentencia-; y los convencionales son aquellos que las partes establecen por convenio, como el de la suspensión de los trámites del proceso por un plazo determinado no mayor a noventa días, la abreviación de un plazo por convenio expreso de las partes.
Así también tenemos a los plazos procesales perentorios y no perentorios, en razón a la forma que el plazo surte sus efectos; plazos perentorios son los que vencidos, producen la caducidad del derecho, sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria, extinción que se produce por ministerio de la propia ley -son términos perentorios el de oponer excepciones, el de proponer prueba, el de contestar a la demanda-, en este caso la perentoriedad supone que vencido el último día del plazo se extinguió definitivamente la posibilidad de articular el acto procesal; los no perentorios son los que no están sujetos a un término fijo de realización del acto procesal  -como la presentación de una demanda o el desistimiento del derecho-.