CONSIDERANDO:  Que el art. 19-V de la Constitución Política del Estado establece que “las decisiones previas de la autoridad judicial y la decisión final que conceda el Amparo serán ejecutadas inmediatamente y sin observación, aplicándose en caso de resistencia lo dispuesto en el artículo anterior”; texto del que se infiere que la declaratoria de improcedencia del recurso de Amparo tiene efectos suspensivos hasta la ulterior decisión del Tribunal Constitucional y así lo ha reconocido la Jurisprudencia Constitucional en las Sentencias Constitucionales 863/00-R y 013/2001-R
Que en consecuencia, la autoridad demandada al haberse rehusado a ordenar el pago de la deuda argumentando que el Recurso de Amparo Constitucional se encontraba en revisión en el Tribunal Constitucional, actuó correctamente y de acuerdo a la línea jurisprudencial sentada por este Tribunal, sin que en momento alguno haya cometido actos ilegales que violenten los derechos del recurrente, máxime si el Tribunal de Amparo ordenó como medida precautoria, a tiempo de admitir el Recurso, que la Jueza demandada se abstenga de ordenar dicho pago hasta la resolución del Amparo, incluyendo su revisión; orden a la que dio estricto cumplimiento actuando siempre conforme a derecho.