De ello se infiere que quien detenta una representación especial, amplia y suficiente, está facultado a realizar todos los actos conducentes al cumplimiento del mandato; es decir, todas las incidencias que podrían presentarse en el desarrollo del trámite o procedimiento, más aún cuando se trata de funcionarios de instituciones públicas que tienen a su cargo específicamente la defensa de los intereses legales de la misma, como son los profesionales abogados que desempeñan un cargo en la unidad de asesoría legal.