De lo referido precedentemente, se concluye que el Fiscal del Distrito no tiene competencia alguna para disponer el allanamiento de un domicilio, pues en caso de tener la necesidad, como en el caso presente para elaborar un inventario de bienes de la Fundación, debe acudir ante el Juez competente para solicitar de manera expresa y motivada la adopción de la medida. En consecuencia, al haber dispuesto, mediante Resolución de 30 de enero de 2004, que tres efectivos policiales y los depositarios de los bienes de la Fundación ingresen a los bienes inmuebles de ésta, ha usurpado las funciones de la autoridad judicial, por lo tanto ha viciado de nulidad sus actos, conforme a las normas previstas por el art. 31 de la Constitución.