El art. 16 de la CPE, por un lado, reconoce que toda persona tiene derecho a la alimentación y al agua ; por otra impone al Estado la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Este deber del Estado, también se traduce en las asignaciones para atender especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo -art. 321.II de la CPE en su última parte). 
Indudablemente la alimentación se encuentra estrechamente vinculado a la salud y a la vida, en ese entendido es preciso tomar en cuenta para su consideración, el carácter interdependiente e indivisible de los derechos fundamentales previstos en el art. 13 de la CPE. En ese marco, es necesario enfatizar que el derecho a la alimentación implica los siguientes componentes: a) Disponibilidad, que las personas puedan tener la posibilidad de obtener alimentos a través del mercado o por mediante los medios para producirlos; b) Accesibilidad física u económica; c) Adecuación, es decir que los alimentos contengan los nutrientes necesarios para una vida sana; y, d) Sostenibilidad, por cuanto debe asegurar la satisfacción de necesidades actuales de la población sin poner en peligro la necesidades del futuro.