La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y al principio de celeridad; en razón que el Encargado de Celdas Judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ahora accionado impidió el traslado de Alejandro Rafael Pinochet García al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, al no solicitar el mandamiento para el traslado respectivo, a pesar de haberse dispuesto su detención preventiva el 12 de marzo de 2020, permitiendo de esa manera que el imputado tenga acceso a su teléfono celular desde el cual la amenaza de muerte y envía mensajes a otras personas con el fin de tomar represalias contra su persona.
De la revisión de antecedentes, se tiene el mandamiento de detención preventiva de 12 de marzo de 2020 contra Alejandro Rafael Pinochet García, dispuesto mediante Resolución 149/2020 de la misma fecha emitida por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, el cual fue recibido en Celdas Judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ese día a las 18:15 horas, y en la Dirección del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz el 13 de ese mes y año, a las 15:11 horas (Conclusión II.1.).
En ese sentido, si bien no cursa en obrados mayor detalle o documentación que el mandamiento de detención preventiva en el proceso penal que sigue la accionante contra Alejandro Rafael Pinochet García; no obstante, conforme a lo referido en audiencia de esta acción de defensa por la propia accionante, se advierte que se dispusieron a su favor medidas de protección, las cuales por lo denunciado se infiere que fueron incumplidas, debido a que su agresor sigue persiguiéndola y amenazándola.
En ese contexto, antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada se debe precisar que ante la existencia de mecanismos idóneos intraprocesales de protección para los derechos presuntamente vulnerados a través de esta acción tutelar, debería aplicarse la subsidiariedad de forma excepcional, por lo que en el presente caso la accionante podía seguir el trámite establecido por el el art. 389 quinquies del CPP, determinado para casos en los cuales los imputados incumplen las medidas de protección que les impusieron; sin embargo, dicha subsidiariedad puede ser flexibilizada cuando se trata de la protección del derecho a la vida, en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que tiene una reforzada protección jurídica, debido a que de su ejercicio depende el goce de los demás derechos; en consecuencia, es posible que en esas circunstancias se acuda directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata (Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional).
De acuerdo al Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la violencia contra la mujer entendida por los instrumentos internacionales y la normativa nacional, como lo contrario a la creación de condiciones dignas de vida, que en los casos de las mujeres se refiere a vivir sin violencia y libres de toda forma de discriminación, a través de la aplicación de medidas de protección necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género, garantizando su máxima protección y seguridad, cuya omisión conlleva responsabilidad para el Estado, cuando a través de sus instancias -las juezas y jueces en todas las materias, fiscales de materia, policías y demás operadores de justicia- no asume con la diligencia debida las medidas necesarias para impedir que los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia sean vulnerados.
Ahora bien, la accionante denuncia que Alejandro Rafael Pinochet García utilizando su teléfono celular procedió a amenazarla de muerte y enviar mensajes a terceras personas con el fin de tomar represalias contra su persona y que anteriormente hubiera sido catalogado como una persona peligrosa, debido a que el 4 de enero de 2020, intentó ahorcarla y matarla, encontrándose por ello su vida en alto riesgo, extremos que en apego al principio de duda razonable que es aplicable a casos de protección prioritaria vinculado al derecho a la vida, hacen evidente que la situación de violencia contra la accionante continúa pese a la sustanciación del proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica e incluso a las medidas de protección que se habrían dispuesto a su favor, las cuales evidentemente no están logrando su finalidad, considerando que la situación de violencia en muchos casos puede ser invisible, debido a que las mismas no solo pueden ser físicas sino también psicológicas, ejercidas a través de aparatos electrónicos comunes que hacen accesible la comunicación entre las personas, como en el presente caso, que una llamada telefónica del agresor logró perturbar inmediatamente la tranquilidad de la víctima -accionante- por el temor que los hechos anteriores representan para su persona y por el contexto en la que se realizó.
Consecuentemente, es necesaria una protección idónea en estos casos, puesto que el incumplimiento de las medidas de protección dispuestas para la protección de las víctimas de violencia se constituye en un riesgo para el derecho a la vida y dignidad de las afectadas, las cuales debido a su situación de vulnerabilidad podrían ser orilladas a ingresar en depresión e inestabilidad, o en el peor de los casos tomar decisiones que atenten contra su vida y sus descendientes; todo a causa del actuar negligente de las instancias encargadas del efectivo cumplimiento de las medidas de protección, quienes en el caso en análisis agravaron la situación de la accionante, poniendo en riesgo su vida.
Ahora bien, esta acción tutelar fue interpuesta contra el Encargado de Celdas Judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien no se encuentra a cargo de la ejecución de las medidas de protección impuestas al agresor de la accionante, ya que la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las medidas de protección asumidas es de la autoridad jurisdiccional que está a cargo de la causa.

En ese entendido, corresponde otorgar la tutela solicitada de manera excepcional contra la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, sin responsabilidad por no haber sido accionada, quien en aplicación de la normativa procesal penal y la Ley 348, de oficio puede disponer con la debida diligencia otras medidas de protección más efectivas que las actuales, al considerarse insuficientes, por ser la vida un derecho de protección prioritaria, inmediata y sin mayores formalidades, cuando se trata de una víctima de violencia.