Respecto a la legitimación activa a objeto de interponer la acción de protección de privacidad, el art. 60 del CPCo., señala que:
I. La Acción de Protección de Privacidad podrá ser interpuesta contra:
1. Toda persona natural o jurídica responsable de los archivos o bancos de datos públicos o privados donde se pueda encontrar la información correspondiente.
2. Toda persona natural o jurídica que pueda tener en su poder datos o documentos de cualquier naturaleza, que puedan afectar al derecho o la intimidad y privacidad personal, familiar o a la propia imagen, honra y reputación.
II. En ambos casos, tendrá legitimación pasiva la persona natural o jurídica, pública o privada, que compile datos personales en un registro, que independientemente de tener o no una finalidad comercial, esté destinado a producir informes, aunque no los circule o difunda.
Asimismo, la jurisprudencia constitucional en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, estableció que la calidad de legitimado pasivo se adquiere por la coincidencia que existe entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos del accionante y aquélla contra quien se dirige la acción[4].
El señalado entendimiento jurisprudencial fue precisado en la SC 1978/2011-R de 7 de diciembre, que refirió que la legitimación pasiva en la acción de protección de privacidad, recae en la persona natural o jurídica propietaria o responsable de la obtención y administración de los datos o registros contemplados en los bancos de datos[5].
De los entendimientos jurisprudenciales señalados, se concluye que la legitimación pasiva atañe a la persona particular, autoridad pública o institución, cuya acción u omisión conlleva a la transgresión de los derechos protegidos por la acción de protección de privacidad, reconocidos en la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad.
En ese contexto, jurisprudencial, es necesario precisar, a objeto de establecer la legitimación pasiva -cuando se trate de solicitud de cancelación de antecedentes para el caso de suspensión condicional de la pena- que el art. 42 del Código de Procedimiento Penal (CPP), prevé que corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento y resolución de todos los hechos delictivos, así como la ejecución de las resoluciones, así señala que:
Art. 42.- (Jurisdicción). Corresponde a la justicia penal el conocimiento exclusivo de todos los delitos, así como la ejecución de sus resoluciones, según lo establecido en este Código. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, con las excepciones establecidas en este Código.
Asimismo, a objeto de un adecuado control sobre el cumplimiento y ejecución de las sentencias emitidas por la jurisdicción penal, se instituyó el registro de antecedentes penales, conforme a lo previsto por el art. 440 del CPP; que establece:
Art. 440.- (Registro de antecedentes penales). El Registro Judicial de Antecedentes penales, dependientes del Consejo de la Judicatura, tendrá a su cargo el registro centralizado de las siguientes resoluciones:
1) Las sentencias condenatorias ejecutoriadas;
2) Las que declaren la rebeldía; y,
3) Las que suspendan condicionalmente el proceso.
Todo juez o tribunal remitirá al registro, copia autenticada de estas resoluciones.
El Consejo de la Judicatura nombrará un director encargado del registro y reglamentará su organización y funcionamiento (Las negrillas nos corresponden).
Del señalado contexto normativo, se colige que la labor del REJAP, conlleva el registro y administración de datos informáticos sistematizados, dando lugar a la existencia de un banco de datos; sin embargo, la información consignada en dicho registro, no constituye una tarea autónoma, librada a la voluntad de quienes operan el mismo; sino que, responde a las resoluciones remitidas por jueces o tribunales ordinarios.
Consiguientemente, es posible concluir que los datos informáticos almacenados en el referido registro, no pueden ser cancelados o modificados a voluntad de los miembros del REJAP, precisamente porque las decisiones judiciales emergen de los Jueces y Tribunales ordinarios en materia penal; en consecuencia, la autoridad que tiene legitimación pasiva a objeto de la acción de protección de privacidad, es en el presente caso, la autoridad judicial que conoció la solicitud de cancelación de antecedentes penales.