Se definen las profesiones liberales como las que se ejercen sin relación de dependencia hacia el empleador, sin salario, sin sujeción a instrucciones (que no sean las de la propia idoneidad), en el modo de obrar profesionalmente, es decir que se ejercen con cierta autonomía funcional.
En diversos países se ha establecido la obligación a determinados profesionales de colegiarse en una institución a fin de que puedan desarrollar su profesional  legalmente. La polémica que se origina, en la especie, es si  tal obligatoriedad atenta contra el derecho a la  libertad de asociación.
Es imprescindible partir de lo  señalado en el propio texto constitucional cuando el art. 7  dispone  que el ejercicio de  los derechos fundamentales de las personas estarán regulados por las leyes, premisa de la cual se  tiene certeza que dicho ejercicio no es absoluto, pues existen límites que deben ser respetados en beneficio de la comunidad. Cabe recordar que la jurisprudencia constitucional, conforme las normas previstas en la Constitución así como en los tratados, convenciones y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado boliviano, ha asumido que el ejercicio de los derechos fundamentales tiene límites, en consecuencia las personas no pueden hacer un ejercicio absoluto o arbitrario que lesione los derechos de las otras personas o los intereses generales;

La jurisprudencia -conforme lo reconoció la SC 0061/2003, de 1 de julio, entre otras- tiene su fundamento en el hecho de que, tanto la Constitución como los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, no se limitan a proclamar el conjunto de los derechos, libertades y garantías de los seres humanos. Sino que también hacen referencia explícita o implícita de las restricciones o limitaciones de su ejercicio, estableciendo en su caso las condiciones particulares en las cuales es posible que el Estado, a través de sus órganos del Poder Público, aplique la restricción al ejercicio de los derechos y libertades sin violarlos.
Por ello, si bien el derecho de asociación tiene un componente de voluntariedad en general, en el caso particular de la colegiación a una determinada persona jurídica (Colegio Profesional) puede  ser constreñida en pro del interés colectivo y del orden público. En efecto, conforme lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985:
"...si se considera la noción de orden público (...) como las  condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, es posible concluir que la organización del ejercicio de las profesiones está implicada en ese orden". 
Advierte, sin embargo, la Corte Interamericana que las razones de orden público, que son válidas para justificar la colegiación obligatoria de determinadas profesionales, como la medicina, la abogacía, y podríamos decir la ingeniería, no pueden invocarse en el caso del periodismo, por ejemplo, pues limita de modo permanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer  uso pleno de la libertad de expresión.
Entonces, si el ser humano vive en sociedad, los derechos de que goza, los goza frente a otros; así, los derechos se respetan y se protegen porque la persona convive con muchas otras que, a su vez, también son titulares de derechos. Así, a nadie se le puede reconocer un derecho con cuyo ejercicio, al mismo tiempo, se desconozca  el mismo derecho u otro distinto, en los demás. Entre el sujeto activo o titular del derecho y el sujeto pasivo o persona que debe respetarlo, surge una relación de reciprocidad  de derecho - obligación entre las dos personas.
Dentro de ese marco, es necesario remarcar que la persona tiene derecho a escoger y formarse en una profesión, pero las demás personas tienen derecho a que el ejercicio de la profesión que aquella ha elegido esté circunscrita dentro del ámbito de los principios de la ética, de legalidad, de idoneidad, de buena fe, y que al mismo tiempo, existan mecanismos que controlen tal ejercicio para que, en caso de detectarse alguna conducta  reñida con los principios mencionados, exista una instancia que investigue ese aspecto y, de ser cierta la contravención, aplique la sanción que corresponda, todo lo cual conlleva una certeza y confianza de la comunidad en cuanto a que el  profesional que atienda sus intereses, o los del Estado, está sometido a un régimen que resguarda el orden público y el bienestar social.
Los Colegios Profesionales cumplen la función de, además de representar a sus colegiados y demandar el respeto de sus derechos, controlar que el ejercicio de la profesión que se trate se realice dentro del  ámbito señalado por la ley que, en  protección del orden público y el beneficio colectivo, válidamente puede reglar y limitar el ejercicio de las profesiones, puesto que la reglamentación de su ejercicio no altera el núcleo esencial del derecho cuando sólo se le impone condiciones razonables. La colegiación o inscripción en un Colegio Profesional implica que el colegiado podrá ejercer válidamente su profesión porque existe un órgano (el Colegio, precisamente), que  está tutelando que tal ejercicio sea idóneo, eficiente, correcto. Caso contrario,  si no existiera la obligatoriedad de  inscripción en el Colegio Profesional,  a más que muchas personas que no cumplan los requisitos de idoneidad y preparación podrían ejercer la profesión, otros que sí cumplen tales condiciones podrían incurrir en conductas en desmedro de la comunidad, sin que exista un control por parte de un organismo que tutele el beneficio de las demás personas y en general de la sociedad. A ello se suma el hecho que el mantenimiento de un Registro de Profesionales permite que, en el supuesto de existir una contravención que ha sido sancionada por la instancia competente al efecto (que  tiene cabida dentro de la estructura de cada Colegio Profesional, como ser el Tribunal de Honor o el Tribunal de Ética), se tenga el dato preciso de dicha sanción, más aún si  esta involucra la  inhabilitación del ejercicio de la profesión durante cierto tiempo.