Que, conforme lo ha definido este Tribunal en su jurisprudencia, la garantía del debido proceso que consagran el art. 16 de la Constitución Política del Estado y el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, es aplicable no sólo al ámbito judicial, sino también al administrativo cuando se tenga que someter a una persona a un procedimiento en el que deberá determinarse una responsabilidad; por lo mismo, si la autoridad recurrida dispuso la instauración de un proceso administrativo en contra de la recurrente, dicho proceso debió haber sido sustanciado con absoluto resguardo y respeto de sus derechos y garantías, hecho que no sucedió.