III.3  Concurre a la configuración del marco jurídico-constitucional antes descrito, el art. 116.III de la CPE, que se refiere a la facultad de juzgar en la vía ordinaria como función inherente de los tribunales y jueces  respectivos bajo el principio de unidad jurisdiccional en virtud del cual abarcan el conocimiento y resolución de los asuntos que por su naturaleza, características y circunstancias fácticas comunes no pueden ser juzgados separadamente. Este principio decisorio en la administración de justicia está expresado en la siguiente fórmula constitucional: “La facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contencioso-administrativa y la de hacer ejecutar lo juzgado corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales y jueces respectivos, bajo el principio de unidad jurisdiccional”. De esta forma, habrá de garantizarse a las partes, el debido proceso pues la aplicación de tal principio ha de permitir al juzgador ejercer sus facultades jurisdiccionales de manera indivisible, evitando una dispersión de procedimiento y de tribunales que, al ser contraria al principio de unidad jurisdiccional proclamado por la Constitución, haría ineficaz el debido proceso y, consiguientemente, la acción de la justicia.