Ahora bien, respecto a la valoración probatoria, toda autoridad judicial o administrativa para valorar la prueba, en primer lugar, debe identificar y hacer explícito todo el material probatorio que será objeto de análisis y valoración, enunciando los medios de prueba que hayan sido admitidos; así como, la prueba de oficio recabada por el órgano jurisdiccional de forma que él o la juzgadora, cuando emita una decisión, considere en su análisis todo el material probatorio relevante.
En segundo lugar, la autoridad judicial, debe analizar y valorar las pruebas de manera individual; es decir, debe individualizar cada elemento de convicción determinando si su producción fue o no legal; además, el mérito o demérito y qué información se puede extraer o no de ellas.
Como tercer paso, es deber del juez efectuar el análisis de las pruebas en conjunto; en otros términos, se analiza hasta qué punto una hipótesis está sustentada por las pruebas que hayan pasado el primer análisis de forma que se observa cuántas confirman o desvirtúan la misma, incrementando o reduciendo la probabilidad.
Finalmente, como cuarto punto y de la relación de hechos probados emergen las inferencias probatorias que ayudan a establecer presuntivamente hechos desconocidos a partir de hechos conocidos; en este sentido, se establece un encadenamiento de argumentos o inferencias probatorias parciales que van a llevar a la conclusión final o hipótesis.
Debe establecerse entonces que, las autoridades judiciales o administrativas deben organizar y estructurar los principales componentes del razonamiento probatorio para arribar a una decisión sustentada, evitando justificaciones basadas en intuiciones, sospechas, simples creencias, prejuicios, estereotipos o generalizaciones apresuradas.