III.2. Ingresando al análisis de la problemática, debemos referirnos a las normas previstas por el art. 224 del CPP que disponen: “Si el imputado citado no se presentara en el término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, la autoridad competente librará mandamiento de aprensión”  Estas normas guardan concordancia plena con las previstas por los arts. 129.2 y 88 del CPP, pues en su interpretación sistematizada, se tiene que todo imputado o procesado tiene el deber inexcusable de presentarse ante la autoridad que dirija una investigación penal, la que ejerza el control jurisdiccional de la misma o que tenga la competencia de juzgar, cuando éstas lo citen o lo emplacen ante su autoridad, salvo un impedimento debidamente justificado, pues de no ser así la autoridad está facultada para emitir mandamiento de aprehensión a fin de que el desobediente a la resolución judicial sea presentado para realizar el acto para el que fue inicialmente citado.
Ahora bien, el impedimento debe ser legítimo y por lo mismo debidamente justificado, en casos de enfermedad resulta obvio que se deberá acreditar la misma mediante un certificado médico, pero éste necesariamente debe ser expedido por los médicos forenses acreditados por el Ministerio Público, de lo contrario el impedimento no resultará legalmente acreditado, pues dentro de un proceso penal toda lesión, enfermedad sea de la víctima o del imputado deberá necesariamente ser acreditada por los profesionales médicos forenses que ejercen en el Ministerio Público, pues ellos son los que dan fe probatoria y, por lo tanto legal, en lo que concierne al estado físico de las partes dentro de un proceso penal, de manera que cualquier otro certificado médico si bien puede ser presentado éste necesariamente debe ser refrendado por un médico forense del Ministerio Público, caso contrario carece de validez legal, vale decir, no es idóneo.