Se debe señalar al respecto que los principios y valores expresados en la Constitución Política del Estado, son componentes elementales de la justicia y del propio Estado, siendo éstos parte integrante de su funcionamiento de conformidad con lo expresado en el art. 9.4 de la CPE, que señala que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución (las negrillas son nuestras).
Asimismo, se debe establecer que no sólo el Estado y por consiguiente sus Órganos públicos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, deben cumplir dichos principios, sino que también el cumplimiento de los principios se vuelve un imperativo no solamente para el Estado y sus instituciones, sino para todas y todos los ciudadanos bolivianos como un deber, estableciendo por su parte el art. 108.3 de la CPE, que son deberes de las bolivianas y bolivianos: Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (las negrillas son agregadas).
Por su parte, y en especial, referente al Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, el art 178.I, claramente establece: La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos (las negrillas son adicionadas).
Respecto a los principios y el contenido de los mismos deben ser considerados y respetados en la elaboración de una norma y al ser principios contenidos en el texto constitucional, son mandatos jurídicos dirigidos a todos los Órganos Públicos y a los propios ciudadanos,