En el marco del Estado Constitucional que adoptó el Constituyente, el principio de supremacía constitucional y el carácter normativo de la Constitución adopta un rol protagónico a la hora de resolver los problemas jurídicos de las personas, situación que por el carácter irradiador al resto del ordenamiento jurídico impele a las autoridades judiciales y administrativas, además de fundamentar sus resoluciones, a reinterpretar el principio de legalidad a la luz de la Norma Suprema, en el comprendido que sólo son válidas constitucionalmente aquellas disposiciones legales que guardan conformidad formal y material con las normas de la Ley Fundamental y del bloque de constitucionalidad (art. 410 de la CPE).
En tal sentido, la labor de la autoridad administrativa, judicial o indígena originaria campesina es determinante a la hora de solucionar el conflicto jurídico, en los que se debe tener presente a la Constitución en todo momento, pero no sólo vista desde su aspecto formal, sino fundamentalmente en su dimensión material, es decir, con principios, valores, derechos y garantías que irradian el conjunto del ordenamiento jurídico aplicable, de manera que se emitan sentencias con el mayor grado de racionalidad, justeza y legitimidad, por lo que, toda autoridad debe efectuar una interpretación que sea conforme a la misma.

Debe entenderse a la interpretación jurídica entonces, como la actividad orientada a identificar las diferentes alternativas de solución que propone una disposición legal para resolver un caso concreto y definir cuál es la alternativa más razonable, justa y acorde con el sistema jurídico.
Cabe señalar que el texto de la ley contiene siempre un enunciado dispositivo, formulado con una textura abierta, general e indefinida y como tal, prevé diversas alternativas de solución para los conflictos jurídicos, empero, ese enunciado no siempre otorga respuestas expresas a todos los casos o conflictos posibles que puedan acaecer en el tiempo, lo que supone que se presentan situaciones de imprevisión legal; por lo tanto, las razones antes referidas, hacen que al momento de aplicar la disposición legal a la solución de un conflicto jurídico en un caso concreto, tenga que establecerse necesariamente su sentido y su significado normativo, concretizando el enunciado dispositivo en uno normativo que la haga aplicable, por lo que, toda autoridad debe, antes de aplicar una disposición legal, previamente interpretarla.
En ese sentido, la autoridad competente para resolver controversias jurídicas, no puede únicamente limitarse a cumplir una tarea de subsunción como método de aplicación normativa, siendo necesario previamente establecer la proposición normativa concreta que derive de la disposición legal, otorgando un contenido a la premisa normativa, de tal manera que se materialicen los principios, valores, derechos y garantías establecidos en la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad.