Conforme prevé el art. 50 del Código de Procedimiento Civil (CPC), Las personas que intervienen en la tramitación de un proceso, son esencialmente el demandante, el demandado y el juez; obviamente, la calidad de este último es de autoridad que imparte justicia, su competencia implica el ejercicio de sus facultades y atribuciones jurisdiccionales en base a los principios de objetividad e imparcialidad.
El art. 194 del CPC, prevé que: Las disposiciones de la sentencia sólo comprenden a las partes que intervienen en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellos.
El art. 180.II de la CPE, señala que: Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por su parte, el art. 119. I de la Norma Fundamental vigente, precisa que: Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena campesina; a su vez, en su art. 120.I, prevé que: Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa; y en el art. 115.II, que: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
En ese contexto, los efectos de las resoluciones, cualquiera su naturaleza - providencias, autos interlocutorios, sentencias, autos de vista o autos supremos - emitidas dentro de un proceso, recaerán sólo sobre las partes que intervienen en el procedimiento; sin embargo, en caso de que estas decisiones afecten los derechos de otra persona que no sea el demandante o el demandado, podrá intervenir a objeto de hacer prevalecer sus derechos o intereses. Para ello deberá apersonarse al proceso a efecto que se le reconozcan dentro la causa principal, sus derechos o intereses, que considere agraviados con la decisión judicial, ejercitando su derecho a accionar presentando todo medio o recurso legal que la ley le franquee a su favor, con el objeto que la autoridad judicial imparta justicia en conocimiento pleno de todas las vicisitudes que conllevan la acción principal y que, naturalmente, implicarían una modificación de su situación jurídica.