Vinculado a este principio se encuentra el de impulsión de oficio, toda vez que por este principio, conforme se tiene mencionado en otras legislaciones, implica que ”el órgano administrativo impulsará el procedimiento en todos sus trámites, ordenando los actos de instrucción adecuados” .
En este contexto, corresponde a la autoridad administrativa la adopción de los recaudos conducentes a su impulsión, hasta el pronunciamiento del acto final y asimismo, el desarrollo de la actividad necesaria para obtener las pruebas pertinentes para la adecuada resolución” .
En este entendido no debe olvidarse que la “administración pública y sus órganos tienen la obligación y responsabilidad de dirigir el procedimiento administrativo y ordenar que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para dictar el acto o resolución final, independientemente que el mismo se inicie de oficio o a petición o gestión del interesado”.
A este respecto García Enterría y Fernández, sostienen que “el órgano administrativo está específicamente obligado a desarrollar, incluso de oficio, es decir, sin que medie petición al respecto de los interesados, todos los actos de instrucción (y por consiguiente, todas las actividades probatorias) que se consideren adecuadas”.
En efecto, en modo alguno ha de ser el administrador “un simple espectador” de la actividad procesal de las partes como puede serlo el juez, sino debe ser parte activa en la dilucidación de la verdad material y su adecuada acreditación en el expediente.