En este entendido, según dispone el art. 116 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, este recurso procede ante la negativa de la concesión del recurso de nulidad; en consecuencia, el objeto de este mecanismo procesal es, asegurar el derecho a una segunda opinión respecto laudos arbitrales que pudiesen ser considerados ilegales o pronunciados al margen del orden jurídico constitucional o en detrimento de la voluntad de las partes sometidas este tipo de procesos.